Oscar Viscio, dueño de Plan B de San Rafael, recibió una fuerte denuncia por parte de una mujer policía que le labraba un acta. Además, el mismo boliche fue multado por contar con irregularidades.
El fin de semana pasado, personal del área de Diversión Nocturna de la Provincia llegó al boliche de Las Paredes, para realizar diversos controles, entre ellos “el cierre de la barra”, que legalmente, debe producirse a las 4.30, pero el mismo se produjo a las 4.45. Esa fue ya, una irregularidad.
Por otra parte, no pudieron corroborar el número de personas presentes en el lugar, puesto que estaba ausente un inspector municipal. Aparentemente, se habría superado el número máximo de personas permitido.
Además, encontraron falta de agua en los baños, otros problemas de salubridad y de seguridad, lo que despertó una fuerte multa contra el lugar de recreación. La falta de agua en los baños es grave y “sospechosa”, teniendo en cuenta que la misma podría servir para “generar clientes en la barra”. Eso es algo que ahora debe investigarse: si se trató de un problema netamente edilicio del momento, o si es algo intencional y habitual.
A aquella acta de infracción que se labró, se sumó después una denuncia en la Comisaría 60° de Las Paredes contra el propietario de Plan B, Oscar Viscio. La misma surgió de parte de la policía que labró el acta, puesto que –según ella– el empresario se ofuscó y la maltrató, además de amenazarla.
La causa quedará a cargo del juez Oscar De Diego, titular del Juzgado Contravencional, que determinará la sanción que se le podría aplicar al dueño del boliche. Es que los delitos que habría cometido (maltrato y amenazas a una funcionaria pública) están incluidos dentro del nuevo Código Contravencional, en el artículo 46 que establece: “Ofensa personal a funcionario público. El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, incluidos los representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país, será sancionado con multa de desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F., o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto. Quedan exceptuados de la presente, los funcionarios con representación política. La misma sanción corresponderá si el ofendido fuere personal directivo o docente de establecimientos educativos de gestión pública o privada, con motivo de la relación educativa”. Cada U.F. (unidad fija) está estipulada en este momento en $ 9.50, por lo que la multa podría ir desde los $14.250 hasta 28.500.
El fin de semana pasado, personal del área de Diversión Nocturna de la Provincia llegó al boliche de Las Paredes, para realizar diversos controles, entre ellos “el cierre de la barra”, que legalmente, debe producirse a las 4.30, pero el mismo se produjo a las 4.45. Esa fue ya, una irregularidad.
Por otra parte, no pudieron corroborar el número de personas presentes en el lugar, puesto que estaba ausente un inspector municipal. Aparentemente, se habría superado el número máximo de personas permitido.
Además, encontraron falta de agua en los baños, otros problemas de salubridad y de seguridad, lo que despertó una fuerte multa contra el lugar de recreación. La falta de agua en los baños es grave y “sospechosa”, teniendo en cuenta que la misma podría servir para “generar clientes en la barra”. Eso es algo que ahora debe investigarse: si se trató de un problema netamente edilicio del momento, o si es algo intencional y habitual.
A aquella acta de infracción que se labró, se sumó después una denuncia en la Comisaría 60° de Las Paredes contra el propietario de Plan B, Oscar Viscio. La misma surgió de parte de la policía que labró el acta, puesto que –según ella– el empresario se ofuscó y la maltrató, además de amenazarla.
La causa quedará a cargo del juez Oscar De Diego, titular del Juzgado Contravencional, que determinará la sanción que se le podría aplicar al dueño del boliche. Es que los delitos que habría cometido (maltrato y amenazas a una funcionaria pública) están incluidos dentro del nuevo Código Contravencional, en el artículo 46 que establece: “Ofensa personal a funcionario público. El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, incluidos los representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país, será sancionado con multa de desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F., o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto. Quedan exceptuados de la presente, los funcionarios con representación política. La misma sanción corresponderá si el ofendido fuere personal directivo o docente de establecimientos educativos de gestión pública o privada, con motivo de la relación educativa”. Cada U.F. (unidad fija) está estipulada en este momento en $ 9.50, por lo que la multa podría ir desde los $14.250 hasta 28.500.
