Las distribuidoras de gas se quedan con un porcentaje indebido de la tarifa porque hay un costo "inflado".
Con la llegada del invierno también comienza a ejecutarse el plan de “precios” de los servicios públicos que dejó como herencia el ex ministro de Energía y los usuarios comienzan a percibirlo. Las primeras facturas de gas natural que llegan notan el salto de los valores, aunque falta lo más duro: cuando se facturen los meses de mayor consumo. Con esos valores actualizados, también hay margen para hilar fino en lo que las empresas cobran y aparecen sorpresas: una denuncia presentada en la Justicia Federal apunta a que las empresas distribuidoras de gas se quedan con un porcentaje de recursos que no les corresponde.
Se trata del “gas combustible”, que se les cobra a todos los usuarios en la tarifa, pero que, según la denuncia, se usa mucho menos de lo que se factura. Las distribuidoras de gas (como Ecogas) tienen incluido en la tarifa el precio del gas que se usa como combustible en las plantas compresoras que transportan ese recurso. Ese gas es una especie de excedente que se usa como insumo del sistema y lo pagan los usuarios. En base a un cálculo que no es preciso, las empresas facturan un 7% más del gas que se demanda. Es decir: si todo Mendoza consume 100, en realidad se paga por 107.
El flamante ministro de Energía dijo que si bien se respetarán los acuerdos con las petroleras, defenderá “el bolsillo de la gente”. Siguen los ajustes tarifarios en septiembre y octubre.
Pero el gas realmente usado como combustible ronda el 3%. Por eso el 4% restante es devuelto. El problema es que, explican los denunciantes, los usuarios pagan igual ese gas. Pero la cuanta es más abultada. Según los cálculos de los especialistas, cada punto cobrado de más en el gas combustible impactaría cerca de un 4% en la tarifa, por lo que el descuento podría rondar el 15% si se aplicara. La ecuación es sencilla: cobran de más por un recurso que luego puede ser reciclado en el mercado.
Recalculando
El tema es investigado en Buenos Aires por dos vías. Por un lado en lo contencioso administrativo para evaluar si las empresas están cobrando de más a los usuarios y qué consecuencias puede tener. Pero también apuntan a que, por otro lado, sean juzgados los responsables del control y de establecer los precios de esos recursos. Allí vuelven a escena quienes controlaban el ENARGAS; en particular David Tezanos y Daniel Perrone. Tezanos es un ex funcionario que supo “sobrevivir” al cambio de gobierno. Era quien manejaba Metrogas durante el gobierno de Cristina Fernández y pasó a ser interventor del Ente Regulador con Mauricio Macri. Perrone venía del mundo empresario, pues gerenciaba una de las transportistas de gas. A ambos los acusan de negociaciones incompatibles, pues eran parte de las empresas que se beneficiaron con los aumentos de servicios y también lo habrían sido con la irregularidad denunciada con el “gas combustible”.
La determinación del precio del gas, como de otros servicios públicos, es tan compleja que cuesta seguirle el hilo. Es que se suman costos y precios de extracción del recurso, de procesamiento, de transporte y de distribución. En octubre está previsto un reajuste del gas, pero antes de ello en el Gobierno buscan calibrar la política del sector. En eso trabaja Javier Iguacel, quien heredó el cargo de Aranguren en un momento caliente.
La revisión tarifaria integral que debía hacerse mucho antes, se ejecutó el año pasado. Allí no se recalculó el porcentaje de gas combustible y se mantuvieron los valores.
Fuente: MDZ
Con la llegada del invierno también comienza a ejecutarse el plan de “precios” de los servicios públicos que dejó como herencia el ex ministro de Energía y los usuarios comienzan a percibirlo. Las primeras facturas de gas natural que llegan notan el salto de los valores, aunque falta lo más duro: cuando se facturen los meses de mayor consumo. Con esos valores actualizados, también hay margen para hilar fino en lo que las empresas cobran y aparecen sorpresas: una denuncia presentada en la Justicia Federal apunta a que las empresas distribuidoras de gas se quedan con un porcentaje de recursos que no les corresponde.
Se trata del “gas combustible”, que se les cobra a todos los usuarios en la tarifa, pero que, según la denuncia, se usa mucho menos de lo que se factura. Las distribuidoras de gas (como Ecogas) tienen incluido en la tarifa el precio del gas que se usa como combustible en las plantas compresoras que transportan ese recurso. Ese gas es una especie de excedente que se usa como insumo del sistema y lo pagan los usuarios. En base a un cálculo que no es preciso, las empresas facturan un 7% más del gas que se demanda. Es decir: si todo Mendoza consume 100, en realidad se paga por 107.
El flamante ministro de Energía dijo que si bien se respetarán los acuerdos con las petroleras, defenderá “el bolsillo de la gente”. Siguen los ajustes tarifarios en septiembre y octubre.
Pero el gas realmente usado como combustible ronda el 3%. Por eso el 4% restante es devuelto. El problema es que, explican los denunciantes, los usuarios pagan igual ese gas. Pero la cuanta es más abultada. Según los cálculos de los especialistas, cada punto cobrado de más en el gas combustible impactaría cerca de un 4% en la tarifa, por lo que el descuento podría rondar el 15% si se aplicara. La ecuación es sencilla: cobran de más por un recurso que luego puede ser reciclado en el mercado.
Recalculando
El tema es investigado en Buenos Aires por dos vías. Por un lado en lo contencioso administrativo para evaluar si las empresas están cobrando de más a los usuarios y qué consecuencias puede tener. Pero también apuntan a que, por otro lado, sean juzgados los responsables del control y de establecer los precios de esos recursos. Allí vuelven a escena quienes controlaban el ENARGAS; en particular David Tezanos y Daniel Perrone. Tezanos es un ex funcionario que supo “sobrevivir” al cambio de gobierno. Era quien manejaba Metrogas durante el gobierno de Cristina Fernández y pasó a ser interventor del Ente Regulador con Mauricio Macri. Perrone venía del mundo empresario, pues gerenciaba una de las transportistas de gas. A ambos los acusan de negociaciones incompatibles, pues eran parte de las empresas que se beneficiaron con los aumentos de servicios y también lo habrían sido con la irregularidad denunciada con el “gas combustible”.
El tema es complejo, pero de ratificarse la maniobra los resultados son bien concretos. Por un lado se estaría cobrando de más a los usuarios una porción de la tarifa que luego no es reintegrado cuando se usa menos gas. A la vez, las empresas pueden “revender” el gas que es reservado para combustible y no usan.
La determinación del precio del gas, como de otros servicios públicos, es tan compleja que cuesta seguirle el hilo. Es que se suman costos y precios de extracción del recurso, de procesamiento, de transporte y de distribución. En octubre está previsto un reajuste del gas, pero antes de ello en el Gobierno buscan calibrar la política del sector. En eso trabaja Javier Iguacel, quien heredó el cargo de Aranguren en un momento caliente.
La revisión tarifaria integral que debía hacerse mucho antes, se ejecutó el año pasado. Allí no se recalculó el porcentaje de gas combustible y se mantuvieron los valores.
Fuente: MDZ
