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San Rafael: cinco proyectos con una inversión de más de $342 millones y 157 empleos.

El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía informó que actualmente se ejecutan más de $2.300 millones a través de 37 proyectos de inversión activos en la primera edición del Programa de Fomento a la Inversión Estratégica, conocido también como Bono Fiscal I.


Ese monto incluye las obras finalizadas y en ejecución. Maipú está a la cabeza de la lista, con 7 proyectos. Otros 9 departamentos, entre los que se encuentra San Rafael, también reciben inversiones.

De esa cantidad de proyectos, tres ya han finalizado sus obras, dos están en etapa de auditoría final de obra en proceso y el resto tiene las obras iniciadas con distintos porcentajes de avance.

Según algunos de los detalles que se informaron, se destacan la cantidad de proyectos por departamento, los empleos generados y por generar y el beneficio fiscal asignado para la inversión que realizarán las empresas.

Por departamento, los resultados son los siguientes:
– Maipú: siete proyectos con una inversión de casi de $193 millones y 201 empleos

– Luján de Cuyo: seis proyectos con una inversión de más de $1.215 millones y 257 empleos.

– Godoy Cruz: seis proyectos con una inversión de casi $180 millones y 217 empleos.

– San Rafael: cinco proyectos con una inversión de más de $342 millones y 157 empleos.

– San Martín: cuatro proyectos con una inversión de más de $190 millones y 243 empleos.

– Guaymallén: tres proyectos con una inversión de más de $65 millones y 40 empleos.

– Capital: tres proyectos con una inversión de más de $125 millones y 95 empleos.

– Las Heras: dos proyectos con una inversión de casi de $44 millones y 82 empleos.

– Lavalle: un proyecto con una inversión de casi $40 millones y 30 empleos.

– Tunuyán: un proyecto con una inversión superior a los $69 millones y 35 empleos.

Esta herramienta financiera enmarcada en la Ley 8923 tuvo como límite de entrega $1.000 millones. Su objetivo principal fue fomentar la inversión en activos producidos por la industria provincial (compre local) y generar empleo potenciando la competitividad del sector.

Las empresas interesadas debían presentar un proyecto donde constara que el beneficio, que era transferible, iba a ser destinado a la inversión en bienes de capital y obras de infraestructura, pudiendo ser utilizado para el pago de Ingresos Brutos durante 5 años.
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