La forma de gobierno adoptada por la Argentina, conforme a la Constitución Nacional en su artículo primero, es *representativa*, republicana, y federal.
Desde lo técnico, y para ser llanos, esta forma “representativa” no es más que la democracia, es decir, la posibilidad de la ciudadanía de elegir a sus gobernantes.
Ahora bien ¿Ahí se termina la “democracia”?
Claramente no. El hecho de vivir en un estado democrático, trae aparejado consigo una serie de garantías y derechos básicos, como: una constitución, libertad de expresión, vigilancia de los derechos humanos, libertad de expresión, derechos a ser elegido, libertad de expresión… Con el perdón de los lectores, he sido reiterativo en demasía, pero creo que quedó claro mi mensaje: LIBERTAD DE EXPRESIÓN (art. 75 inc. 22 CN; art. 13 “Pacto San José de Costa Rica CADH).
En el párrafo anterior, repito un principio básico que debe observarse en una democracia, y que toda la ciudadanía celebró en el 83 con el presidente Alfonsín, la posibilidad de volver a expresarse libremente. Resulta obvio, entonces, que sin ella, no hay democracia, ni estado de derecho (República).
El gobierno nacional, conformado por grandes profesionales, y muchos de ellos, de las ramas del derecho, pareciera ser que pegaron el faltazo a una clase de introducción al derecho: en la que se hablaba de lo que antes expresé. O quizás tampoco alcanzaron a comprenderlo en el primario o secundario.
Al día de hoy, tras el anuncio del secretario de Asuntos Estratégicos (Presidencia de la Nación) y titular del Consejo Económico y Social, peligra nuestra forma de gobierno y la vigencia de un estado de derecho. Un proyecto para regular, y citó: “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales”, se traduce como: un proyecto para empezar a atacar de forma directa y violenta el país en el que vivimos.
El hecho de que el gobierno, el poder ejecutivo o cualquiera de los poderes, intenté ir contra la constitución, borra un límite claro “el poder constituido, debe regirse en los límites, principios, garantías y derechos del poder constituyente”. Traspasando esta línea, el rumbo es claro: la demagogia absoluta y un caos institucional irreparable.
Poner la Argentina de pie, hoy deja de ser un eslogan de propaganda política berreta, y pasa a ser un mandato para cada una y uno de los argentinos. No existe la facultad de interferir con la libertad de opinión, porque ya no sería LIBRE, ni existe la potestad de acabar con el estado de derecho. Permitiendo este tipo de proyectos que son “terrorismo institucional”, se pone en peligro todo el andamiaje jurídico básico de nuestro país.
Basta, nos quieren a TODOS callados.
Firma: Lucas V. Vavalá
Activista en la transparencia institucional y participación ciudadana.
