Un estado de indignación continúa gestándose entre empresarios de la industria, el comercio, los servicios y el sector pyme que se encuentran en el marco de la economía formal. Es por la complicada situación que atraviesan la gran mayoría de las actividades económicas a nivel nacional y más profundamente, las economías regionales.
La medida inconsulta de obligar a pagar al sector privado un aumento anticipado remunerativo a cuenta de paritarias o la sugerencia de absorber el IVA de algunos productos, la devaluación encubierta generada apenas asumido el nuevo gobierno, la doble indemnización, el aumento a las retenciones del campo (que afecta a productos de Mendoza) sumados a la inmanejable inflación, no hacen más que trasladar la responsabilidad de una pretendida “inyección de dinero” a un sector de la sociedad que desde hace varios años está atravesando una profunda recesión.
No visualizamos un programa económico que permita saber hacia dónde nos dirigimos, para poder conocer y programar y delinear acciones que nos permitan encaminar nuestros emprendimientos. Confiamos que a la brevedad el flamante Gobierno Nacional irá dando pautas de trabajo, que no solo mejoren nuestra situación, sino también la de nuestros colaboradores.
Los especialistas en temas comerciales, nos informan, (algo que no es nuevo) que tenemos que trabajar 6 meses solo para pagar nuestras obligaciones al Estado Nacional, al Provincial y al Municipal. Con lo que queda, debemos subsistir, pagar sueldos, tarifas, servicios aspirando a un mínimo de rentabilidad.
Esta situación no es nueva para el comercio, los servicios e industrias enmarcados en la economía formal quienes hace ya tiempo vienen sufriendo esta suerte de “castigo“, del cual están librados aquellos que se mueven en la informalidad, compiten en forma desleal, venden ilegalmente o evaden sus obligaciones.
Una “suerte de indignación“ comienza a verse en la comunidad Argentina y tiene su fundamento y motivo. Entendemos que existe la necesidad de que el Estado achique sus gastos y debe hacerlo en forma rápida y precisa. Es la única manera de dar una imagen de seriedad y dar la tranquilidad y serenidad que todos estamos aguardando. Los gastos de la política pueden ser pagados por los privados. La clase política debe entender y tener muy claro este concepto.
En Argentina, el empresario que se encuentra en la economía formal, asume que debe estar sujeto a gravámenes, inspecciones y sufrir además, medidas impositivas “arbitrarias“ , que complican y perjudican el normal funcionamiento de su empresa. Estas medidas cada vez más rígidas y restrictivas, nos hacen pensar que ser empresarios es una misión imposible, destinada al más rotundo fracaso.
Necesitamos un Estado que comprenda que unos pocos no pueden sostener los lujos o privilegios de unos favorecidos o la informalidad de muchos. La función pública debería estar al servicio a la comunidad y no al revés. Parece que la desvirtuada función del empresariado en el reino del revés que es nuestro país es sostener un Estado inmenso e ineficiente.
Propiciamos poner todos, el hombro sin excepción. Nos ponemos a disposición para poder trabajar con el Estado; pero en serio, para convertirnos de una buena vez, en un país que genere riqueza desde su sector privado y sea administrado por un Sector Público que honre el esfuerzo de sus ciudadanos.
Daniel Ariosto
Presidente de UCIM
Esta inquietud y genuina preocupación no es reciente y se ve agravada debido a que no se observa (al menos no se ha comunicado) un programa económico de apoyo a las actividades de los pequeños y medianos empresarios, sino por el contrario, se ejecutan medidas que siguen castigando a quienes nos encontramos en el marco de la economía formal.
La medida inconsulta de obligar a pagar al sector privado un aumento anticipado remunerativo a cuenta de paritarias o la sugerencia de absorber el IVA de algunos productos, la devaluación encubierta generada apenas asumido el nuevo gobierno, la doble indemnización, el aumento a las retenciones del campo (que afecta a productos de Mendoza) sumados a la inmanejable inflación, no hacen más que trasladar la responsabilidad de una pretendida “inyección de dinero” a un sector de la sociedad que desde hace varios años está atravesando una profunda recesión.
No visualizamos un programa económico que permita saber hacia dónde nos dirigimos, para poder conocer y programar y delinear acciones que nos permitan encaminar nuestros emprendimientos. Confiamos que a la brevedad el flamante Gobierno Nacional irá dando pautas de trabajo, que no solo mejoren nuestra situación, sino también la de nuestros colaboradores.
Los especialistas en temas comerciales, nos informan, (algo que no es nuevo) que tenemos que trabajar 6 meses solo para pagar nuestras obligaciones al Estado Nacional, al Provincial y al Municipal. Con lo que queda, debemos subsistir, pagar sueldos, tarifas, servicios aspirando a un mínimo de rentabilidad.
Esta situación no es nueva para el comercio, los servicios e industrias enmarcados en la economía formal quienes hace ya tiempo vienen sufriendo esta suerte de “castigo“, del cual están librados aquellos que se mueven en la informalidad, compiten en forma desleal, venden ilegalmente o evaden sus obligaciones.
Una “suerte de indignación“ comienza a verse en la comunidad Argentina y tiene su fundamento y motivo. Entendemos que existe la necesidad de que el Estado achique sus gastos y debe hacerlo en forma rápida y precisa. Es la única manera de dar una imagen de seriedad y dar la tranquilidad y serenidad que todos estamos aguardando. Los gastos de la política pueden ser pagados por los privados. La clase política debe entender y tener muy claro este concepto.
En Argentina, el empresario que se encuentra en la economía formal, asume que debe estar sujeto a gravámenes, inspecciones y sufrir además, medidas impositivas “arbitrarias“ , que complican y perjudican el normal funcionamiento de su empresa. Estas medidas cada vez más rígidas y restrictivas, nos hacen pensar que ser empresarios es una misión imposible, destinada al más rotundo fracaso.
Necesitamos un Estado que comprenda que unos pocos no pueden sostener los lujos o privilegios de unos favorecidos o la informalidad de muchos. La función pública debería estar al servicio a la comunidad y no al revés. Parece que la desvirtuada función del empresariado en el reino del revés que es nuestro país es sostener un Estado inmenso e ineficiente.
Propiciamos poner todos, el hombro sin excepción. Nos ponemos a disposición para poder trabajar con el Estado; pero en serio, para convertirnos de una buena vez, en un país que genere riqueza desde su sector privado y sea administrado por un Sector Público que honre el esfuerzo de sus ciudadanos.
Daniel Ariosto
Presidente de UCIM
