Un grupo de concejales del "Frente de Todos", conformado por Samuel Barcudi, Andrea Mattacota, Néstor Ojeda, Mariana Abraham, Pamela Torres, Nadir Yasuff y Paulo Campi, han presentado un proyecto de declaración en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael.
El objetivo es solicitar al Gobierno de la provincia de Mendoza la eximición del pago del Impuesto Inmobiliario a los comercios y contribuyentes afectados por la obra de remodelación de la calle Avellaneda, entre Hipólito Irigoyen y Coronel Suárez.
El proyecto se fundamenta en el planteo presentado por el proyecto de Ordenanza AE N° 6147-B-23, que destaca la necesidad de implementar medidas excepcionales para mitigar el impacto económico generado por el cierre de la calle Avellaneda durante las tareas de remodelación. Según el pliego de condiciones, la obra tiene un plazo de ejecución de 120 días corridos.
La ejecución de esta obra implica el cierre de la primera cuadra de la calle Avellaneda, lo cual ha generado una disminución significativa en la circulación de personas. Ante la falta de medidas de accesibilidad y seguridad, los comercios frentistas se han visto afectados en su actividad comercial y civil.
En este sentido, los concejales proponen que tanto el Municipio de San Rafael como el Gobierno de la Provincia colaboren en la implementación de medidas, acciones y políticas excepcionales para contener las problemáticas que trae consigo el cierre de calles a los locales comerciales.
El proyecto de declaración presentado busca que el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael manifieste su agrado ante la eximición del pago del Impuesto Inmobiliario a los contribuyentes y comercios frentistas de la obra de remodelación de la calle Avellaneda, en virtud de la afectación de sus actividades mientras dure la contingencia.
Se espera que el proyecto sea discutido y analizado por los demás concejales en los próximos días, a fin de evaluar su viabilidad y potencial impacto en la comunidad. El objetivo final es encontrar soluciones que mitiguen los efectos negativos de la obra en los comercios locales, preservando así el tejido económico y social de San Rafael.
El debate sobre esta propuesta se vislumbra como un paso importante en el ámbito político local, donde se busca conciliar los intereses de los comerciantes y la necesidad de llevar a cabo obras de mejora urbana en la ciudad.
El proyecto de declaración, una vez aprobado y puesto en vigencia, podría brindar un alivio a los comercios afectados y promover un ambiente propicio para el desarrollo económico local durante la duración de la obra.
