Dos efectivos policiales están en la lupa de una investigación administrativa que se inició la semana pasada ante la sospecha de que mantuvieron relaciones sexuales mientras realizaban un patrullaje en un móvil por el departamento de Luján de Cuyo. El caso, que depende básicamente de un audio que se grabó en el momento, podría derivar en la Justicia penal.
Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió el 4 de abril pasado cuando desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) solicitaron el traslado de movilidades a una situación que estaba ocurriendo en Luján de Cuyo. Sin embargo, una pareja de policías que circulaba en un patrullero de la Comisaría 48 no contestó la frecuencia policial.
Los operadores verificaron el posicionamiento satelital del móvil a través de su GPS y detectaron que hacía varios minutos estaba estacionado en las inmediaciones de ruta 40 y Barrancas, en el ingreso a la localidad de Agrelo. Preocupados, decidieron abrir los micrófonos de la frecuencia policial y escucharon ruidos sugestivos de que los ocupantes estarían manteniendo relaciones sexuales.
El subcomisario que estaba de turno se dirigió al lugar para chequear la situación pero cuando llegó el móvil ya se había desplazado hacia la novedad que le estaban informando desde el 911, según informaron fuentes policiales.
Las autoridades policiales notificaron la situación a la Inspección General de Seguridad (IGS) que inició una investigación administrativa para determinar si efectivamente los uniformados mantuvieron relaciones sexuales mientras estaban de servicio y, en ese caso, determinar las sanciones correspondientes. Fuentes de ese organismo informaron que están esperando los audios que grabó personal del CEO, ya que es la única prueba que podría llegar a complicar a los efectivos.
Se trata de una auxiliar mayor y un auxilia primero que hasta el momento continúan trabajando con normalidad ya que no se dispuso medidas preventivas en su contra.
Si la investigación administrativa avanza, también podría remitirse el expediente para que la Justicia penal investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuente: Diario Uno