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viernes, 13 de mayo de 2022

El Ejecutivo presentó en la Legislatura proyecto para declarar la emergencia en anestesiología




En el Salón de los Pasos Perdidos, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, presentó un proyecto para declarar la emergencia en el servicio de anestesiología, por el término de 18 meses.


Se trata de “la emergencia de los servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de anestesia y/o anestesiología de los efectores del subsector de salud de la provincia de Mendoza, por el plazo de dieciocho (18) meses, con el objetivo de sanear la situación crítica que atraviesa la prestación del servicio de anestesiología en todo el territorio provincial”.

En conferencia de prensa, acompañada por legisladores de ambas Cámaras, la titular de la cartera afirmó que “el mencionado proyecto de ley tiene como objetivo establecer la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, ya que la situación actual pone en jaque el sistema de salud público y con esto la vida de los y las mendocinas, ya que manera de corporativa y monopólica un grupo de profesionales pretende controlar la anestesia en los hospitales públicos de nuestra provincia”.

En este sentido, la ministra recordó que “esta situación se agrava doblemente porque las personas que asisten al sistema público son aquellas que tienen cobertura exclusiva estatal, de manera que hoy se ve afectada la salud de aquellas personas que resultan ser más vulnerables”.

Teniendo en cuenta que la situación se ha vuelto “un abuso en la posición dominante, respecto a la especialidad de anestesiología, por parte de la asociación que nuclea a dichos profesionales” es que se solicitó declarar la emergencia en la especialidad durante un plazo de 18 meses. De esta manera, el Estado busca garantizar el servicio para todos los mendocinos que asisten al sistema público y que no cuentan con cobertura sanitaria privada.

Agregó al respecto que “este grupo de profesionales pretende una posición de privilegio respecto a otros profesionales de la salud que realizan tareas de igual o mayor criticidad y complejidad, pretendiendo no solo recibir salarios diferenciales sino también privatizar el servicio de anestesia poniendo en riesgo cierto la salud pública en nuestra provincia”.

Nadal dejó en claro que “la privatización de este servicio no sólo implica perder la gestión de la salud pública en anestesia sino también un costo financieramente insustentable, significando un 139% mayor a lo que hoy se invierte en anestesiología, concentrando las ganancias en un grupo reducido de profesionales”.

Según datos relevados por el Ministerio de Salud existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes. Asimismo, en el año 2022, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigente en el subsector público.

“Asimismo, en la actualidad muchos de estos profesionales poseen sueldos diferenciales respecto a otros profesionales de la salud, situación que buscamos no profundizar accediendo a los mecanismos de presión de la asociación que los nuclea, establecidos mediante la renuncia de prestadores de servicios de anestesia y en algunos casos de profesionales de planta”, informó Ana María Nadal.

Además, los profesionales residentes de la especialidad también se han visto afectados con las medidas monopolizadas del gremio que los nuclea ya que “se niegan a proceder a la formación de los mismos”. En la provincia hay 768 anestesistas residentes que no pueden completar sus estudios debido a esta situación.

Por ello, en el marco de la emergencia, el proyecto también busca que la “corporación” de anestesistas deje de fijar “los cupos de formación y los aranceles cobrados por dichos profesionales que producen un detrimento en las prestaciones de servicios”. Finalmente Nadal informó que el lunes se reunirá con los jefes de bloque de la oposición y pidió que todos los legisladores acompañen la iniciativa ya que se trata de un proyecto “para todos los mendocinos”.

El proyecto

Dentro del articulado de la norma, se expresa que se declara la emergencia mencionada “con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”. A su vez, resalta que “las contrataciones de los profesionales de salud que se dispongan en el marco de la presente ley quedarán exceptuadas del límite establecido en el último párrafo del Artículo 12 del Anexo de la Ley N° 7759, aún cuando el contratado pertenezca a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”.

Asimismo, para el caso de las renuncias de los profesionales en la materia en efectores públicos establece que “se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de ciento veinte (120) días corridos de presentada la misma”. Agrega que quienes hagan efectiva su renuncia, “no podrán ocupar cargos públicos o ser nuevamente contratados en la Administración Pública Provincial por el plazo de cinco (5) años contados a partir de presentada la renuncia.

Durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia, deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales”.

Atento a lo expresado, se indica que en caso de incumplimiento, “será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un (1) mes a cinco (5) años, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 2636 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”.

En otro orden, indica la pieza legal que “el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes podrá convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de la especialidad de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco (5) años y/o profesionales anestesiólogos jubilados con matrícula vigente, con el fin que presten servicios, incluidas las guardias -tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados-, en los hospitales comprendidos en el subsector público de la salud, considerando esta convocatoria como una carga pública, en el marco de la emergencia declarada”, y justifica que “el servicio de anestesiología es un servicio crítico para el resguardo de la vida y/o la salud de las personas”.

Entre las facultades que la ley le otorga a la cartera sanitaria a “trasladar, reasignar funciones y/u horarios de los profesionales anestesiólogos a su cargo, a fin de asegurar los servicios esenciales de salud en todo el territorio provincial. En estos casos, los mayores costos serán soportados por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, conforme a la normativa vigente”.

La normativa expresa que lo dispuesto es aplicable a “todos los profesionales que presten servicios de anestesiología en la Provincia de Mendoza, con independencia de su forma de contratación, incluidos los profesionales del Sistema Provincial de Residencias”; y sostiene, a su vez, que el ministerio tendrá la facultad de arbitrar “los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales y técnicos relacionados con el manejo de pacientes críticos, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología”.