La aceleración de la inflación volvió a encender las alarmas y el gobierno nacional ahora busca un inédito acuerdo con los empresarios para aplacar la complicada situación económica. Sin embargo ese viraje hacia el diálogo se produce en medio de fuertes contradicciones en el Frente de Todos que desconciertan a los líderes de las principales firmas del país.
La más resonante fue el inesperado nombramiento del kirchnerista Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior, su anuncio sobre la implementación de un congelamiento de precios en los alimentos y algunos productos esenciales y su posterior amenaza con la aplicación de multas.
Si bien Feletti advirtió que aplicará “la ley de abastecimiento” si no se cumple el congelamiento de precios planteado por el Gobierno, después de una semana cargada de reuniones y encuentros con importantes empresarios, Alberto Fernández ya decidió que no aplicará esa norma sancionada en 1974 y modificada en 2014 que faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.
El Presidente también determinó no se prorrogarán la prohibición de despidos y el pago de la doble indemnización que rigen hasta fin de año.
Buscando bajar el tono a las desavenencias, en el Frente de Todos aseguran que el giro del Presidente es avalado por el conjunto de la coalición de gobierno. Pero al mismo tiempo admiten dificultades a la hora de ponerse de acuerdo internamente, entre otras cosas, en las políticas para bajar la inflación.
Encuentro clave
Feletti, que asumió esta semana en lugar de Paula Español, planteó como primera medida el congelamiento de 1.247 productos, que mantendrán los precios que estaban vigentes el 1 de octubre hasta el 7 de enero.
"Hay intención de diálogo, hay intención de negociación y hay voluntad de que prospere un acuerdo. Lo que no se va a modificar es la decisión política de establecer una canasta amplia con precios retrotraídos al 1 de octubre y vigente hasta el 7 enero. Se están acercando posiciones para que haya un acuerdo, pero la decisión del Gobierno es inamovible", dijo una fuente oficial a la agencia de noticias estatal Télam.
Este lunes Feletti se reunirá con productores y comercializadores de alimentos para terminar de evaluar las contrapropuestas presentadas por el sector privado para poner en marcha un acuerdo de precios estables. Están convocados directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.
También serán de la partida autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y de las firmas Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever y Fecovita, Saraco, entre otras.
La pasada semana Feletti planteó a las empresas productoras que como "la capacidad instalada de producción de las empresas está bastante debajo de su promedio histórico, que ganen por cantidad y no por precio".
"Lo que no puede pasar es que la recomposición de ingresos sea absorbida por la canasta alimentaria", subrayó la fuente a Télam. En ese marco, agregó: "Las empresas mandaron unas contrapropuestas que se están evaluando y el lunes se va a hacer la reunión con los mismos, con la intención de cerrar el acuerdo".
Fuente: El Sol, Télam, La Nación e Infobae
