El avance de la segunda ola de coronavirus no da tregua en el país y este martes se registró otro día récord de casos a nivel nacional. En Casa Rosada ven con preocupación la escalada de los contagios y cada vez toma más fuerza la posibilidad de endurecer las restricciones que están vigentes desde el viernes pasado.
Sin embargo, el gobierno nacional pretende que los gobernadores tomen decisiones y avancen con los cierres de acuerdo a la situación epidemiológica particular de cada distrito. El objetivo es compartir el costo político de nuevas medidas impopulares, en medio de un año electoral.
"Hay malestar porque las jurisdicciones no toman ninguna medida, más que las dos fuertes que tomó el Gobierno: corte de circulación a las 0 horas y negocios cerrados a las 23", resaltaron fuentes de Casa Rosada.
“Estamos esperando que las provincias, que quedaron facultadas a tomar más medidas, más allá de las nacionales, lo hagan”, agregan cerca del presidente Alberto Fernández, que aún no recibió el alta médica por su cuadro de COVID-19. Según publica el portal Infobae, el plazo para los mandatarios provinciales vence este miércoles.
"No nos vamos a quedar con los brazos cruzados", amenazan desde el Ejecutivo nacional, donde existe malestar con gobernadores e intendentes por no tomar determinaciones particulares en sus distritos de acuerdo a su realidad epidemiológica. La falta de medidas y controles es el punto central del enojo de Fernández, que se reunió este martes de manera virtual con gran parte de su gabinete para analizar la posibilidad de sumar medidas más duras pero focalizadas y temporales.
Desde Balcarce 50 recuerdan que los gobernadores están autorizados para disponer nuevas regulaciones para contener el crecimiento del coronavirus. Así lo destaca el artículo 17 del decreto del viernes pasado, que facultó a los mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a "adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de mitigar en forma temprana los contagios por COVID-19 respecto de los departamentos o partidos de riesgo epidemiológico alto o medio”.
En otras palabras, dicho artículo habilita a los gobernadores a limitar aún más la realización de determinadas actividades y la circulación por horarios o zonas. Pero la falta de acatamiento a las medidas encendió la alarma en la Casa Rosada, donde consideran que, por ejemplo, los mandatarios provinciales no desplegaron las fuerzas de seguridad para que las disposiciones se cumplan.
"Todos dicen que hay que cerrar y después nadie cierra nada", resaltaron fuentes con despacho en Balcarce 50, que destacaron que "hay que tomar medidas locales y no se toman".
El crecimiento de contagios y la posibilidad de que colapse el sistema sanitario tienen en vilo a las autoridades nacionales. Por eso en los próximos días se espera que Fernández mantenga conversaciones con los gobernadores por separado y no se descarta un Zoom del que participen todos, con el objetivo de que asuman la decisión de focalizar los cierres en los centros urbanos donde se registran la mayor cantidad de casos de coronavirus.
En cuanto a posibles nuevas restricciones, fuentes oficiales advirtieron que no habría ninguna determinación antes del fin de semana. Como anticiparon los especialistas a Fernández, una evaluación seria de las últimas restricciones demora 10 días; es decir, hasta el martes de la próxima semana.
La intención es mantener la actividad en colegios, empresas, fábricas y comercios, que son los lugares donde más y mejor se respetan los protocolos. En el Gobierno consideran que la transmisión del virus se da en actividades sociales donde no se respetan las medidas de cuidado, distanciamiento y ocupación.
Fuente: Infobae / La Nación / Perfil / El Sol
