Desde el Ejecutivo se preparan para dar la batalla discursiva por la minería, frente a la resistencia desatada en sectores ambientalistas.
La resistencia está desatada. El viernes la Legislatura modificó el texto de la ley 7.722 y los sectores más ligados a las simpatías ambientales se lanzó a la calle en manifestaciones que buscan detener el desarrollo de la actividad minera en Mendoza. Desde el Gobierno siguen los acontecimientos con atención y ya preparan una campaña de comunicacional para contrarrestar la desinformación que, sostienen, se agita desde sectores “fanáticos” que generan confusión en la sociedad.
La campaña comenzó con un comunicado que emitió el Gobierno provincial: “las modificaciones a la 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente: están reguladas por el plan de ordenamiento territorial”, decía el secretario de Ambiente Humberto Mingorance.
A pesar de la movilización que salió ayer desde el Valle de Uco, en la que se pedía que el gobernador Rodolfo Suárez vetara la ley votada en la Legislatura el viernes, claramente la intención del Gobierno es dar la batalla discursiva e instalar la idea de que “se puede hacer minería con controles científicos”.
La estrategia es apelar a datos ya conocidos, particularmente sobre las limitaciones que hay en la propia ley para hacer minería y los controles ambientales que se llevarán adelante para regular la actividad y la necesidad de hacer más eficiente el uso del agua, particularmente en el sector agrícola, dónde se pierde la mitad del recurso.
Así es que recuerdan que en la propia ley modificada y que tantos recelos ha despertado, se establece que con las regalías se conformará un fondo para realizar obras hídricas que mejoren la eficiencia de la red de canales e incentivar el uso de tecnologías de riego dentro de las fincas.
La pelea no es sencilla y en Casa de Gobierno lo saben. Voceros del gobierno indicaban ayer que el discurso de los que resisten la minería es simple: cuidemos el agua. “Lo que no dicen es que el agua se cuida no regando el jardín antes de las 22, no llenando las piletas. Podrán decir que son pocos litros, pero si suman los litros de todos lo que lo hacen, son muchos litros. Ni hablar del riego a manto, con el que se pierde el 50% del agua”.
La estrategia ya empezó
La campaña comunicacional del Gobierno ya comenzó con el comunicado de la Secretaría de Ambiente en el cuál recuerdan que esa repartición y la “Policía Ambiental, estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental”, mientras que el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.
A párrafo siguiente Mingorance sostiene que “la ciudadanía podrá ejercer control ambiental desde la red de Vigilancia Ambiental y el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento. También está previsto la realización de audiencias públicas por municipios, en los departamentos en donde se localicen los proyectos”.
Además ventilaron en los sitios web oficiales un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros que Los Andes publicó el sábado 21, en el que se asegura que hay 19 proyectos mineros en carpeta, que el desarrollo de los principales proyectos puede generar en el mediano plazo más de 17 mil puestos de trabajo durante la construcción y 39 mil en la etapa productiva de las minas.
En un informe del Departamento General de Irrigación publicado por Los Andes el sábado se indica que el 81% del agua de Mendoza la capta la agricultura, con una eficiencia de entre 45 y 50%, es decir que la mitad del agua se pierde antes de llegar a las plantas.
Fuente: Diario Los Andes
La resistencia está desatada. El viernes la Legislatura modificó el texto de la ley 7.722 y los sectores más ligados a las simpatías ambientales se lanzó a la calle en manifestaciones que buscan detener el desarrollo de la actividad minera en Mendoza. Desde el Gobierno siguen los acontecimientos con atención y ya preparan una campaña de comunicacional para contrarrestar la desinformación que, sostienen, se agita desde sectores “fanáticos” que generan confusión en la sociedad.
La campaña comenzó con un comunicado que emitió el Gobierno provincial: “las modificaciones a la 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente: están reguladas por el plan de ordenamiento territorial”, decía el secretario de Ambiente Humberto Mingorance.
A pesar de la movilización que salió ayer desde el Valle de Uco, en la que se pedía que el gobernador Rodolfo Suárez vetara la ley votada en la Legislatura el viernes, claramente la intención del Gobierno es dar la batalla discursiva e instalar la idea de que “se puede hacer minería con controles científicos”.
La estrategia es apelar a datos ya conocidos, particularmente sobre las limitaciones que hay en la propia ley para hacer minería y los controles ambientales que se llevarán adelante para regular la actividad y la necesidad de hacer más eficiente el uso del agua, particularmente en el sector agrícola, dónde se pierde la mitad del recurso.
Así es que recuerdan que en la propia ley modificada y que tantos recelos ha despertado, se establece que con las regalías se conformará un fondo para realizar obras hídricas que mejoren la eficiencia de la red de canales e incentivar el uso de tecnologías de riego dentro de las fincas.
La pelea no es sencilla y en Casa de Gobierno lo saben. Voceros del gobierno indicaban ayer que el discurso de los que resisten la minería es simple: cuidemos el agua. “Lo que no dicen es que el agua se cuida no regando el jardín antes de las 22, no llenando las piletas. Podrán decir que son pocos litros, pero si suman los litros de todos lo que lo hacen, son muchos litros. Ni hablar del riego a manto, con el que se pierde el 50% del agua”.
La estrategia ya empezó
La campaña comunicacional del Gobierno ya comenzó con el comunicado de la Secretaría de Ambiente en el cuál recuerdan que esa repartición y la “Policía Ambiental, estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental”, mientras que el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.
A párrafo siguiente Mingorance sostiene que “la ciudadanía podrá ejercer control ambiental desde la red de Vigilancia Ambiental y el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento. También está previsto la realización de audiencias públicas por municipios, en los departamentos en donde se localicen los proyectos”.
Además ventilaron en los sitios web oficiales un informe de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros que Los Andes publicó el sábado 21, en el que se asegura que hay 19 proyectos mineros en carpeta, que el desarrollo de los principales proyectos puede generar en el mediano plazo más de 17 mil puestos de trabajo durante la construcción y 39 mil en la etapa productiva de las minas.
En un informe del Departamento General de Irrigación publicado por Los Andes el sábado se indica que el 81% del agua de Mendoza la capta la agricultura, con una eficiencia de entre 45 y 50%, es decir que la mitad del agua se pierde antes de llegar a las plantas.
Fuente: Diario Los Andes
