El Tribunal Penal Colegiado de San Rafael recibió una petición a fin de que fije normas de conducta a Julieta Silva, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido condenada por la muerte –en septiembre de 2017– de su novio Genaro Fortunato.
Julieta Silva, luego de ser imputada por la muerte de Genaro Fortunato por arrollarlo con su auto a la salida de un boliche durante la madrugada del 9 de septiembre de 2017, permaneció un mes y medio en la cárcel hasta que una decisión judicial la benefició con arresto domiciliario. Durante el juicio, el tribunal compuesto por los magistrados Rodolfo Luque, Eugenia Laigle y Néstor Murcia consideraron que la joven atropelló a su pareja pero tener la intención de matarlo y consideraron justa la condena de 3 años y 9 meses de prisión, considerando al hecho como “homicidio culposo agravado”. Mantuvieron la prisión domiciliaria existente, teniendo en cuenta que el fallo no quedó firme debido a los recursos de casación después de la condena presentados por cada una de las partes.
En la actualidad, a 1 año y medio de haber sido condenada, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza todavía no se expide de los planteos de las partes y, durante ese lapso, hubo situaciones polémicas en torno a la prisión domiciliaria. El abogado Tíndaro Fernández, representante legal de la familia Fortunato, ingresó a mesa de entradas del Poder Judicial de San Rafael un escrito en el que solicita que “fije las reglas de conducta que Silva debe cumplir mientras se mantenga vigente la prisión domiciliaria”.
La decisión de fijar normas de conducta tendrá que adoptarla el mismo tribunal que impuso la condena a Silva, es decir, los jueces Luque, Laigle y Murcia. Asimismo, deberá revisarse el pedido de mudanza de Silva a una propiedad de Las Paredes y determinar si esta cumple con los requisitos necesarios para que allí resida una persona con prisión domiciliaria.
Julieta Silva, luego de ser imputada por la muerte de Genaro Fortunato por arrollarlo con su auto a la salida de un boliche durante la madrugada del 9 de septiembre de 2017, permaneció un mes y medio en la cárcel hasta que una decisión judicial la benefició con arresto domiciliario. Durante el juicio, el tribunal compuesto por los magistrados Rodolfo Luque, Eugenia Laigle y Néstor Murcia consideraron que la joven atropelló a su pareja pero tener la intención de matarlo y consideraron justa la condena de 3 años y 9 meses de prisión, considerando al hecho como “homicidio culposo agravado”. Mantuvieron la prisión domiciliaria existente, teniendo en cuenta que el fallo no quedó firme debido a los recursos de casación después de la condena presentados por cada una de las partes.
En la actualidad, a 1 año y medio de haber sido condenada, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza todavía no se expide de los planteos de las partes y, durante ese lapso, hubo situaciones polémicas en torno a la prisión domiciliaria. El abogado Tíndaro Fernández, representante legal de la familia Fortunato, ingresó a mesa de entradas del Poder Judicial de San Rafael un escrito en el que solicita que “fije las reglas de conducta que Silva debe cumplir mientras se mantenga vigente la prisión domiciliaria”.
La decisión de fijar normas de conducta tendrá que adoptarla el mismo tribunal que impuso la condena a Silva, es decir, los jueces Luque, Laigle y Murcia. Asimismo, deberá revisarse el pedido de mudanza de Silva a una propiedad de Las Paredes y determinar si esta cumple con los requisitos necesarios para que allí resida una persona con prisión domiciliaria.
