La Municipalidad de Malargüe ha sido denunciada debido al despido de un empleado con discapacidad, lo que ha generado una controversia legal que ahora deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Mendoza.
En julio de 2021, la municipalidad de Malargüe sorprendió al despedir sin causa aparente a Héctor Alberto Muñoz, un hombre de 56 años que padece discapacidad motriz y trastorno en el habla. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, lo que implica la posibilidad de una condena para el Ejecutivo encabezado por Juan Manuel Ojeda.
Héctor Muñoz se había desempeñado como técnico de Seguridad e Higiene en el Municipio desde 2005 hasta su despido en julio de 2021, cuando la municipalidad emitió un decreto informando la terminación de su empleo sin previo aviso.
Después de una extensa búsqueda, a fines de ese mismo año, Muñoz se puso en contacto con el Observatorio de Discapacidad de Mendoza, que le brindó asistencia jurídica a través del abogado Ricardo Ermili.
El abogado busca revocar el acto administrativo que llevó al despido de Muñoz, restituir su puesto de trabajo, asegurar el pago de todos los salarios desde el día de su despido y obtener una indemnización por daños y perjuicios.
La demanda se basa en la ilegitimidad del despido, argumentando que nunca se informó al trabajador despedido acerca de las vías legales disponibles ni se notificó al sindicato, el cual podría haber intervenido en favor del empleado.
Además, se argumenta que el hecho de que Muñoz recibiera una pensión no contributiva por invalidez se hizo caso omiso de la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual establece "principios especiales aplicables en actuaciones administrativas que involucran derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad".
Según lo informado por el medio El Otro, Ermili explicó: "Héctor fue despedido de forma absolutamente irregular con vicios de toda clase y violaciones al debido proceso. El reclamo se encuentra en la Sala I de la Suprema Corte de Justicia a cargo de la jueza Teresa Day".
"Asumimos que debían darse las condiciones para una acción de amparo, por eso llevamos el caso al tribunal máximo. Consideramos que era necesario que se tuviera en cuenta urgentemente el grado de desamparo social en el que se encuentra Héctor, pero no lo interpretaron así", añadió el abogado.
El despido de Muñoz se basó principalmente en una denuncia que carece de pruebas y presenta inconsistencias. Supuestamente, el 24 de agosto de 2020, Muñoz habría tenido un altercado con empleados de limpieza en la zona de la terminal de ómnibus.
Todo comenzó cuando Muñoz discutió debido a la falta de jabón en los baños y solicitó el libro de quejas para dejar constancia por escrito. Presuntamente, durante la discusión, Muñoz habría incurrido en agresiones verbales. Sin embargo, cuando los testigos fueron llamados a declarar, sus versiones difirieron y no hubo coincidencia en si Muñoz los insultó directamente o si simplemente expresó sus quejas en voz alta.
En respuesta a esta situación, el municipio inició un sumario que finalmente culminó en el despido de Muñoz, a pesar de que la acusación nunca pudo ser probada. Además, no se le permitió al empleado ejercer su derecho a defenderse de dichos cargos.
Según Ermili, el abogado de Muñoz, la municipalidad no tuvo en cuenta la discapacidad de Muñoz en el habla, lo que podría haber llevado a malentendidos, ni tampoco consideró el hecho de que Muñoz tuvo que buscar un baño fuera de su lugar de trabajo debido a las condiciones inadecuadas de los baños del municipio. Además, no se tuvieron en cuenta los antecedentes laborales de Muñoz, tal como lo requiere la ley 5892, y se incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo en relación a su discapacidad.
El hombre despedido aseguró haber sufrido discriminación en varias ocasiones, siendo relegado a tareas menores o trasladado a otras áreas donde desempeñaba funciones como portero, controlando las barreras sanitarias o como celador en escuelas, a pesar de tener el título de Técnico Superior en Seguridad e Higiene.
"Hay personas que no toleran que alguien con discapacidad tenga formación profesional y esté por encima de ellas, y eso es lo que me sucedió a mí. Me desplazaron, me hicieron la vida imposible y buscaron la manera de dejarme sin trabajo", lamentó Muñoz.
Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza, describió el caso de Muñoz como un claro ejemplo de acoso laboral. Explicó que se trata de deshacerse de una persona con discapacidad, persiguiéndola, discriminándola y sometiéndola a violencia, hasta despedirla de manera injusta y abrupta. Además, destacó que, en muchos casos, se niega a las personas con discapacidad su condición de sujetos de derechos y se intenta confinarlos a sus hogares viviendo únicamente de una pensión.
Finalmente, Bascuñán señaló que en el país hay un bajo porcentaje de personas con discapacidad trabajando y, en lugar de promover el empleo para este colectivo, se perpetúa la discriminación y se dificulta su inserción laboral.
Este caso ha generado una gran preocupación en la sociedad y pone de manifiesto la importancia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. La decisión final de la Suprema Corte de Mendoza será determinante para establecer un precedente y enviar un mensaje claro sobre la necesidad de erradicar la discriminación y el acoso laboral hacia las personas con discapacidad en el país.
