Como ciudadano preocupado por la justicia y la protección de los derechos de las personas, no puedo dejar de expresar mi profunda insatisfacción con la situación que se vive en el poder judicial de Mendoza. Es alarmante y desalentador saber que los retrasos en la entrega de turnos para mediación pueden llegar a ser de hasta 3 meses, lo que implica una espera prolongada e injusta para quienes buscan una resolución pacífica y rápida de conflictos familiares.
Pero eso no es todo. Lo que resulta aún más inaceptable es que mujeres en situación de violencia no puedan ejercer su derecho a ir acompañadas por alguien de su confianza durante el proceso de denuncia y pedido de tutela de sus derechos y la de sus hijos, o algo tan simple como ingresar al edificio de tribunales, debido a la actitud del personal de mesas de entradas y la policía, que impiden su ingreso. Esto es una clara violación de los derechos de las mujeres, quienes ya están en una situación vulnerable y necesitan el apoyo y la protección de personas de confianza para enfrentar una situación difícil.
Todo esto puedo atestiguar tras acompañar a una mujer víctima de violencia de género, dónde el maltratador no pasa cuota por alimentos, y se queda con la asignación familiar que corresponde a la niña. Me impidieron el ingreso (personal de mesa de entradas y la policía), cuando la víctima expresamente había pedido mi acompañamiento. Hace más de treinta días que busca justicia sola, y las respuestas son nulas. El hecho de que alguien la acompañe da la oportunidad de que la ayude y asesore en lo que debería suceder, pero esto a la justicia no le conviene. Casos como este hay miles, y la violencia no puede esperar tiempos burocráticos, las víctimas necesitan una respuesta urgente del estado.
La mediación es una herramienta importante para la resolución de conflictos de manera pacífica y evita la judicialización de los casos, lo que puede ser costoso y engorroso. Sin embargo, la inoperancia del poder judicial de Mendoza está socavando la eficacia de este proceso y privando a las personas de acceder a una justicia pronta y efectiva.
Es responsabilidad del poder judicial garantizar un acceso oportuno y eficiente a la mediación, así como proteger los derechos de las personas involucradas en este proceso, incluyendo a las mujeres en situación de violencia. Es inaceptable que el personal de mesas de entradas y la policía sean un obstáculo para el ejercicio de estos derechos.
Hago un llamado urgente a las autoridades del poder judicial de Mendoza a tomar medidas concretas y efectivas para abordar estos problemas. Es necesario mejorar la organización y gestión de los turnos para mediación, garantizar que las mujeres en situación de violencia puedan estar acompañadas por personas de confianza durante el proceso en las diferentes instancias que afrontan, rápidas medidas para garantizar la integridad física de las mujeres y capacitar al personal para que actúe con sensibilidad y respeto hacia las personas que acuden a buscar justicia. No podemos seguir permitiendo que se espere llegar a resultados fatales cómo la muerte, para que el estado actúe.
No podemos tolerar que la inoperancia del poder judicial de Mendoza siga afectando a las personas que buscan resolver sus conflictos de manera pacífica y justa. Exijo que se tomen acciones inmediatas para remediar esta situación y garantizar que se respeten los derechos de las personas involucradas en los procesos judiciales en Mendoza. Todo esto irá acompañado de un pedido que elevaré a la ONU para que investigue y se expida en relación a como el estado argentino, en Mendoza, tutela los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de los menores que se ven afectados también por esta situación.
Lucas V. Vavalá
Joven Sanrafaelino
Estudiante de abogacía
