Un grupo de concejales de San Rafael, conformado por Pablo Zapata, Clarisa Barchiesi, Romina Giraud, Francisco Mondotte y Leonardo Yapur, presentó un proyecto de ordenanza para implementar expedientes electrónicos, firma digital y otras herramientas tecnológicas en la administración pública local.
El proyecto se basa en la Ley Provincial Nº 8959, que autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos en los procedimientos administrativos que se tramitan ante la administración pública. Además, se adhiere al Decreto Nacional 434/2016, que contempla la creación de un Plan de Modernización para la administración pública.
Los concejales argumentan que la implementación de nuevas tecnologías es fundamental para lograr una gestión pública efectiva, ágil e inteligente que esté al servicio del ciudadano. Actualmente, la Municipalidad de San Rafael no cuenta con expedientes electrónicos ni herramientas para realizar trámites a distancia, como tampoco está habilitada la firma digital y las comunicaciones electrónicas entre organismos estatales.
El proyecto también destaca la importancia de la interoperabilidad entre diferentes áreas de gobierno, lo que permite un traslado inmediato y permanente de datos y evita que el ciudadano deba movilizarse de una dependencia a otra para solicitar datos que el Estado ya posee.
Los concejales sostienen que las estructuras institucionales internas de las administraciones públicas están diseñadas según los principios del "Estado burocrático", lo que ha quedado desactualizado por el avance de la tecnología. Las nuevas tendencias de gestión buscan priorizar la experiencia del ciudadano como principal motivación para el diseño institucional, lo que revitaliza los principios republicanos de soberanía popular, igualdad ante la ley y publicidad de los actos de gobierno.
La implementación de expedientes electrónicos, firma digital y otras herramientas tecnológicas también tiene ventajas prácticas, como la eliminación del papel, una disminución del almacenamiento de datos y una reducción de gastos en los procedimientos de administración de archivos. Además, se garantiza la confidencialidad y se eficientizan los mecanismos por el cual el ciudadano obtiene el conocimiento del estado actual de su expediente.
El proyecto presentado por los concejales de San Rafael busca actualizar el marco normativo y establecer las bases y condiciones de una gestión más acorde a los tiempos que transcurren y se avecinan. En definitiva, busca aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para renovar la confianza en las instituciones democráticas y mejorar la interacción entre la ciudadanía y el Estado.
