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jueves, 22 de septiembre de 2022

Nuevamente hubo una manifestación por los recortes realizados a personas con discapacidad






En este caso, la plaza San Martín y luego el kilómetro cero fueron los lugares de encuentro de esta movilización realizada por familiares de personas con discapacidad, como así también profesionales de la salud y trabajadores que les brindan servicios, pues el Gobierno nacional decidió realizar recortes económicos.



Pasadas las 20, las personas se reunieron en la plaza San Martín a fin de dar a conocer una vez más la realidad que están atravesando, como así también pedir el apoyo de la sociedad, pues consideran que “el hilo se cortó por la parte más fina”. Ya se habían manifestado hace algunos días en la Rotonda del Mapa, tal como ha habido manifestaciones en diversas ciudades del país, incluyendo un acampe en Plaza de Mayo, en Capital Federal. Luego caminaron por calle Day a San Martin y por la avenida al kilómetro cero, mostrando cartelería vinculada a la problemática.






Cabe decir que desde el Gobierno nacional aseguran que las transferencias de la AFIP a las obras sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente, pero al mismo tiempo, las ONGs sostienen que los pagos se dan a cuentagotas y que se necesita un aumento de los aranceles.

El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es un fondo que se nutre de una porción de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores. Su objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reintegro (SUR). La partida más gruesa va destinada a cubrir los de discapacidad. Por su parte, los damnificados vienen denunciando que este fondo está en riesgo de quiebre y reclaman al Gobierno que garantice el flujo de fondos necesario. Hay también una disputa detrás, porque el gobierno busca lograr mayor trazabilidad sobre los fondos del FSR que se destinan al transporte y educación de personas con discapacidad. Una propuesta en evaluación sería que el propio Estado se haga cargo de esos ítems y que las obras sociales se limiten a los gastos vinculados a salud.