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| Foto Gentileza: Cultura y Sabores |
Efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) detuvieron en su casa la mañana de este miércoles el jefe de la delegación Mendoza de la Policía Federal Argentina, Dino Rossignoli, por estar sospechado de cobro de coimas para permitir la actividad ilegal de cambio de divisas en una serie de cuevas del microcentro.
La investigación se profundizó luego de una serie de allanamientos que la PCN desarrolló el 6 de julio en un grupo de joyerías con la razón social Stefano Cannella y bares que, en realidad, funcionaban como pantallas para permitir el cambio de moneda extranjera. Existían sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando, comercio de estupefacientes y hasta mercado negro de oro y por eso se desarrollaron 22 medidas.
Por las pruebas recolectadas durante esos procedimientos, que fueron revelados por El Sol, quedaron comprometidos a dos jóvenes como dueños de los locales, Nicolás Bazán y Renzo González.
Si bien no quedaron detenidos, les inhibieron sus bienes y fuentes policiales y judiciales detallaron que la causa federal comenzó a abrirse y se sumaron pruebas que comprometen a Rossignoli con encuentros con uno de los presuntos responsables de los locales.
Las fuentes aportaron que "hay pruebas contundentes" que ameritaron que el juez Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de la Provincia, librara las órdenes de allanamiento para este miércoles. Durante los procedimientos, Rossignoli quedó en calidad de detenido y fue derivado a la U-32 para ser indagado en las próximas horas.
Minutos después de las 7, los policías de la PCN comenzaron los allanamientos y algunos fueron en el domicilio particular de Rossignoli y también en la base de la Delegación de Mendoza, sobre calle Perú.
La detención de Rossignoli trajo a la memoria otro caso que vinculó a los máximos responsables de la Delegación local en el 2007.
Una denuncia de los dueños de negocios dedicados a la comercialización de videos juegos o artículos de electrónica de origen ilegal aseguraba que policías federales le pedían coimas a cambio de no secuestrarle la mercadería.
Básicamente, detallaron que, aprovechando que conocían que los elementos no contaban con la autorización correspondiente para la venta, cobraban coimas a cambio de no llevarse detenidos a los dueños de los locales. El caso terminó en un escándalo con toda la cúpula de la Policía Federal de la provincia en la mira.
El 28 de agosto del 2012, el Tribunal Oral Federal Nº1 condenó a cinco policías federales a penas de entre 4 y 6 años de cárcel. Otros seis efectivos, entre ellos los máximos jefes, terminaron absueltos.
Fuente: El Sol
