Poco antes de que el fiscal Diego Luciani realizara un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos para Cristina Fernández por la causa Vialidad, se presentó esta carta, pues hay quienes consideran que ella es “una perseguida política” o que hay una “persecución judicial” en su contra. Elaboraron e hicieron pública esta misiva que ha sido firmada por alrededor de 500 intendentes de ciudades de provincias de todo el país.
No obstante, en Mendoza no todos los intendentes que pertenecen al justicialismo acompañaron con su firma esa carta, sino que lo hicieron Flor Destéfanis de Santa Rosa y Fernando Ubieta de La Paz, no así el jefe comunal de San Rafael Emir Félix.
Cabe decir que el fiscal hizo este pedido de prisión, pues considera que Cristina Fernández es jefa de una asociación ilícita, por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Lo hizo en la última de las nueve audiencias que tuvo la Fiscalía para exponer sus pruebas.
