Recientemente, La Ventana San Rafael dio a conocer la situación que están atravesando un grupo de empleados públicos, que denuncian haber sido estafados por el Banco Nación, al vaciarles sus cuentas y no obtener respuestas. En este caso, un lector del departamento de Rivadavia, Antonio Rodríguez, dialogó con nuestro medio a fin de relatar un problema similar que está viviendo.
En lo que es claramente una relación de absoluta disparidad, un docente decidió enfrentar al Banco Nación, debido a que desconocidos le vaciaron su cuenta-sueldo. La entidad bancaria, lejos de buscar una solución que beneficie al cliente, lo que está haciendo desde agosto del año pasado, es evadir todo tipo de recursos que el cliente ha decidido interponer, acusándolo de estafador.
Esta lamentable situación comenzó para Rodríguez la madrugada del 4 de agosto del 2020 y siguió la del día siguiente, cuando desconocidos ingresaron a su cuenta-sueldo y, mediante cuatro transferencias el primer día (entre la hora 01.17 y 01.22), y una más el segundo día (a las 00.57), le vaciaron por completo su cuenta, quedándose con 68.500 pesos.
Al detectar que no le quedaba dinero en su cuenta, el 5 de agosto en la mañana fue hasta el banco, que haciéndole un “favor” por no contar con turno, lo deja presentar la denuncia administrativa de la situación irregular, que implicaba una expresión de desconocimiento de su parte y la solicitud expresa del reintegro inmediato de la cantidad que le había sido sustraída (las primeras cuatro transferencias fueron por un total de 50 mil pesos, ya la restante al día siguiente, por 18.500). “El banco obviamente se desentiende de la situación, atribuyéndome que el acceso a mi cuenta fue hecho con las claves de acceso personal, razón por la cual ‘soy yo el responsable de lo que allí pasó’. Ellos fundamentan eso a partir de un informe que, un mes después, emite Red Link, pero obvian otra parte que Red Link dice: las operaciones por mí cuestionadas corresponden con patrones de estafa financiera, razón por la cual yo debo hacer la denuncia penal”, señaló. Llevó a cabo la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, y en simultáneo, otra denuncia ante Defensa del Consumidor de Rivadavia. Transcurrido el tiempo administrativo correspondiente (sin cumplirse con la instancia de conciliación obligatoria), sumó una presentación ante Defensa del Consumidor de Mendoza, desde donde le negaron poseer injerencia, por lo que hubo una presentación más ante la Ventanilla única Federal de Defensa al Consumidor de la Nación. Tras varias idas y vueltas, Defensa del Consumidor archivó la denuncia pues la situación “se había judicializado”. “En realidad no se había judicializado, yo lo que judicializo es la comisión de un delito: que ingresaron a mi cuenta de modo no autorizado”, agregó. Es que Rodríguez considera que lo vulnerado, fueron los sistemas informáticos de seguridad del banco.
El día de la conciliación obligatoria con Defensa del Consumidor, el representante legal del banco no se presentó, sino que envió un escrito digital, planteando la incompetencia de Defensa del Consumidor, además de transferir a la víctima la total responsabilidad e incluso colocándolo en un rol de coautor de este intento de estafa que él –supuestamente– estaba intentando llevar a cabo contra los intereses patrimoniales del Banco Nación. Al ser ese banco un organismo estatal, considera que la judicialización debía hacerse ante la Justicia Federal.
Cabe decir que, en caso de haber sido transferencias electrónicas mediante home banking, el banco tiene total acceso al IP de la computadora desde la cual se hicieron, mientras que en caso de haber sido producidas en cajero automático, puede saber en cuál tuvo lugar, por lo que perfectamente podrían visualizar mediante los videos de las cámaras de seguridad, quién es la persona que hizo el movimiento, en ese caso con una clonación de tarjeta, lo cual agravaría aún más el problema pues dado que Rodríguez no utilizó esa tarjeta en otro lugar, la clonación se habría cometido dentro de la sucursal del Banco Nación a la que hace referencia. Sin embargo, la entidad bancaria se niega a dar a conocer el número de IP, y también a continuar con la investigación para dar con el o los culpables. Es que además, este hombre posee pruebas de que, al momento de llevada a cabo la última transacción en la que finalmente le vaciaron la cuenta, él no podía estar cometiendo la operación fraudulenta.
Lamentablemente, los casos como el de esta persona son frecuentes, pero los empleados públicos terminan siendo clientes cautivos del Banco Nación por no poder operar con otras entidades.
Hasta el momento, el banco no se mueve de su postura a pesar de existir contradicciones, respaldándose en el propio poder que tiene como organismo estatal.
Por otra parte, son muy pocos los clientes que, como Rodríguez deciden enfrentarse e incluso ir a juicio contra el banco, debido a la pérdida de tiempo y de recursos de todo tipo que implica.
