Renunciaron a comienzos de 2020 para zafar de la nueva ley previsional que los obliga a trabajar más, a pagar más aportes y a cobrar menos. Pero la pandemia frenó todo, incluso el recambio en la Justicia y el ahorro que necesita hacer el Estado mendocino.
Casi 100 jueces mendocinos renunciaron en masa para jubilarse y escapar de la reforma previsional de 2020 que les implicaba cobrar mensualidades mucho menores, aportar mucho más al sistema y trabajar cinco años más que antes para poder retirarse.
La estampida sucedió poco antes del comienzo de la pandemia y repercutió en el despacho del gobernador, adonde llegaron, cada día, varias notas de dimisión aunque condicionada al cobro del primer haber jubilatorio.
Sin embargo, los expedientes administrativos de casi todos esos renunciantes quedaron entrampados en la casa central de la ANSES porque el funcionamiento de ese organismo nacional, al igual que otras instituciones públicas y privadas, se resintió drásticamente como consecuencia del aislamiento preventivo y obligatorio.
Hoy, casi un año y medio después, mientras esos magistrados cuentan las horas para retirarse y poner fin a sus largas carreras, el gobierno de Mendoza hace gestiones administrativas y políticas en Buenos Aires para apurar esas jubilaciones y que se concreten de una vez por todas.
El gobernador Rodolfo Suarez (UCR/Juntos por el Cambio) tiene un doble objetivo que aún no puede cristalizar: achicar el gasto público, dejando de pagar los importantísimos sueldos de esos magistrados (que se ajustan de acuerdo a los aumentos de la Justicia Federal desde 2007) y promover el recambio e ingreso de nuevas generaciones a la Justicia.
La nueva ley jubilatoria (27.546) que también rige en Mendoza aumentó a 65 años la edad mínima de los jueces para jubilarse, subió 7% la cantidad necesaria de aportes y toma como referencia el promedio de los últimos 120 sueldos percibidos en ejercicio de la actividad a la hora de determinar cuánto cobrarán a partir del primer mes.
Motivos
El Gobierno de Mendoza monitorea el avance de cada expediente en ANSES porque muchos de los jueces, fiscales y defensores oficiales renunciantes tienen carreras en la magistratura que superan los 40 años, edades cronológicas que superan largamente los 70 años y porque cobran sueldos que, en algunos casos, rozan el medio millón de pesos.
Muchos ingresaron a la Justicia siendo escribientes o secretarios, muchos ascendieron y en su gran mayoría, por decisiones de la política, se convirtieron en magistrados en épocas en que Mendoza los aspirantes a jueces no rendían examen para acceder al cargo.
El recambio de la plantilla del Poder Judicial de Mendoza que el gobierno promueve desde que adhirió a la ley nueva nacional de jubilaciones está relacionado con la avanzada edad de muchos magistrados que acumulan varias décadas de antigüedad (cada año de antigüedad incrementa 2,6% el sueldo de manera acumulativa).
Pero también con la escasa adaptación a una serie de cambios que han ocurrido y seguirán sucediendo en la Justicia como parte de un proceso de transformación que comenzó hace cinco años aproximadamente.
Dos ejemplos: la eliminación del histórico expediente de papel y su reemplazo por las actuaciones 100% online que ya están en vigencia y la necesidad de aceitar un sistema de varias audiencias y juicios cortos a desarrollar en poco tiempo.
“Para mí no hay nada como leer las causas en papel”, se los escucha decir a varios jueces. Y es lógico, porque cuando ellos comenzaron a ejercer las actuaciones judiciales se escribían a máquina, en Lexington u Olivetti, algo que en el Poder Judicial de Mendoza dejó de ocurrir hace por los menos 30 años.
Esa arraigada concepción ha impactado de lleno contra la modernización actual: contra el punto final para las toneladas de expedientes en papel y cosidos con piola y aguja y cada vez más difícil de acopiar y mantener en condiciones sin que suceda el colapso de las instalaciones.
Con todo, las computadoras y los sistemas operativos informáticos y los medios audiovisuales se han vuelto enemigos de muchos de aquellos jueces que renunciaron para irse. La transformación del fuero penal colegiado y la implementación de la oralidad y de la grabación con audio y video determinó, de un tiempo a esta parte, que muchos magistrados deban conducir varios y distintos juicios orales con audiencias programadas para una misma mañana y a veces a la tarde.
Esto, en franca contraposición con la antigua mecánica de que cada juicio podía durar tres o cuatro audiencias matinales que no siempre comenzaban a las 8 de la mañana pero que invariablemente terminaban a las 12 cuando el presidente del debate imponía el cuarto intermedio hasta el día siguiente.
La instauración en Mendoza del sistema de juicio por jurado popular a partir de 2019 también derivó en que muchos jueces mendocinos se sintieran disconformes y, muchos de ellos, empujados a irse de la Justicia.
El criterio que pusieron sobre la mesa es claro y cuando menos atendible: las sentencias y decisiones judiciales deben correr por cuenta de personas formadas y capacitadas en Derecho por más que la ciudadanía tenga el derecho de participar activamente del servicio de justicia.
A muchos jueces, claro está, les incomodan cuestiones que pueden resumirse en una sola: la pérdida de poder a manos de personas que nada tienen que ver con el Derecho y cuya intervención, mediante los jurados populares, les confiere un rol que muchos consideran secundario: conducir el debate hasta el final y en la audiencia de cesura fijar el monto de la pena en caso de que el jurado haya declarado culpable al imputado.
Cuentagotas
Apenas un puñado de esos magistrados renunciantes lograron jubilarse en el último año y medio. Entre otros, Carlos Manuel Díaz, quien en 2019 presidió el juicio que terminó con la condena a tres sacerdotes por abusos sexuales en el Instituto Próvolo, se retiró a los 74 años y una larga trayectoria en dos etapas.
También se retiró Víctor Hugo Comeglio, referente del fuero penal de Mendoza, al filo de cumplir los 80 años. Los que aun esperan jubilarse siguen en funciones, aunque la mayoría lo hace mediante el trabajo remoto por la pandemia y porque todos tienen más de 60 años y por lo tanto están exceptuados de trabajar en persona en los tribunales.
Puntos de vista
La demora inquieta incluso en la Asociación de Magistrados de Mendoza que nuclea a los renunciantes. El Organismo Técnico Previsional, que depende del Estado provincial y conduce Jorge González, advierte que el retraso de esas jubilaciones le cuesta carísimo a Mendoza. Por eso, González, cada tanto, monitorea en ANSES casa matriz qué sucede con cada uno de los trámites pendientes.
“Hasta los mismos jueces renunciantes vienen a preguntarnos cuándo los van a jubilar porque es así: el que inició los trámites es porque definitivamente quiere irse y lo antes posible. Y si, como en estos casos, se aseguran una jubilación mejor de la que cobrarían si se retiran con la nueva ley, la ansiedad por retirarse es mucho mayor.
El autor José Luis Verderico ejerce el periodismo desde 1993 en Mendoza, trabajando para medios locales en diario, radio y televisión con especial dedicación a temas judiciales y policiales. También es escritor y ha publicado “El Detective Ming” (2017), “La Casa de la Ciénaga” (2018) y “Avelino Maure-50 años” (2019)
Fuente: Tiempo Judicial
