El diputado nacional por
Mendoza, Luis Borsani (UCR), presentó ayer un proyecto que implica beneficios
respecto a los convenios de corresponsabilidad
gremial. Posibilitará a los empleadores cancelar sus deudas de capital,
multas e intereses.
Luis Borsani, diputado nacional por
Mendoza, presentó un proyecto para crear un plan de pagos de la seguridad
social de los convenios de corresponsabilidad gremial (CCG). La iniciativa, que
está exclusivamente ligada al trabajo de la vitivinicultura, implica que los
empleadores puedan cancelar sus deudas de capital, multas firmes e intereses no
condonados comprendidos hasta el 31 de julio de 2016, siempre dentro del CCG.
Así, el plan de facilidades consistirá
en: primero, un pago a cuenta equivalente al 10% de la deuda total, que no
podrá ser inferior a $ 500 y, segundo, por el saldo de la deuda resultante,
hasta 60 cuotas con un interés de financiación del 1% mensual. La corresponsabilidad
gremial -vigente hoy en Mendoza- consiste en que el empleador pueda reemplazar
el pago mensual de aportes y contribuciones destinados al sistema de la
seguridad social por uno diferido (denominado “tarifa sustitutiva”) de los
aportes patronales.
De esta manera, se garantizan los
derechos del trabajador relacionados con la cobertura de salud para él y su
familia a través de una obra social, la percepción de las asignaciones
familiares, el acceso al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el
seguro de desempleo. Sin dudas, la corresponsabilidad gremial es una herramienta
que ha resultado idónea y eficaz para la cobertura de los
trabajadores y sus familiares. Logrando, incluso, no desatender características
de la industria vitivinícola, como la estacionalidad y la alta rotación de la
mano de obra.
“Este proyecto que estamos
presentando tiene como objetivo preservar las fuentes de trabajo del
sector vitivinícola, que es el alcanzado. Consideramos que si a los regímenes
ya vigentes, se le suma esta nueva herramienta financiera será de gran ayuda al
sector. También, es una iniciativa que va en línea con los incentivos que
estamos generando para apoyar y mejorar las economías
regionales”, detalló el diputado radical. Agregando: “Se trata de un sector
que promueve el trabajo calificado en las provincias andinas y genera divisas
para nuestro país por medio de la exportación de productos de alto valor
agregado. Es realmente sustancial”.
En este sentido, hay que enumerar
las razones por las cuales muchos productores no pudieron en los últimos años
hacer frente a sus obligaciones tributarias y recursos de la seguridad social
en tiempo y forma. Las dificultades económicas y financieras que ha
sufrido la industria vitivinícola en las provincias productoras, sobre todo
desde mediados de 2015 en adelante, y las inclemencias climáticas, que han
llevado a tener que declarar en estado de emergencia y/o desastre agropecuario
importantes extensiones productivas de Mendoza. Estos dos grandes factores han
tenido como fatal consecuencia la baja en la rentabilidad y, por consiguiente,
en la competitividad de los productos vitivinícolas. Por ello, los trabajadores
del área se están viendo tan complicados con este crítico panorama.
Cabe recordar, que de aprobarse esta
iniciativa, se sumaría a otra similar propuesta por Borsani y convertida en ley
el pasado agosto. Nos referíamos al régimen de beneficios para productores
agropecuarios de todo el país de zonas declaradas en emergencia. A través de la
ley de reparación histórica de jubilados, el diputado mendocino logró que se
introdujera un plan de pagos de hasta 90 cuotas y con un interés de
financiación del 1% mensual. Hoy está vigente. Al igual que en dicho caso, para
la presente ley la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la
autoridad de aplicación.