La
grave situación financiera y económica de Mendoza que ha heredado el
nuevo Gobierno requiere de respuestas y soluciones que constituyen un
verdadero desafío.
Todos los ámbitos y áreas de
gobierno se encuentran seriamente afectados por la falta de recursos, la
ineficiencia y en algunos casos hasta desidia. Esta situación ha llevado
al Estado a una parálisis no pudiendo atender las necesidades
básicas y esenciales de los mendocinos.
Esta dura realidad ha impactado
fuertemente en el sector de la salud pública. El Estado a través del su
Sistema de Salud tiene la obligación constitucional de dar respuesta a los
problemas sanitarios de los ciudadanos, y esta respuesta debe ser
institucional, organizada, eficiente, equitativa, oportuna y de calidad.
En estos últimos años la mala
gestión de los recursos disponibles provocó que el sistema de salud sea incapaz
de satisfacer en la forma más elemental la demanda de servicios de salud. Peor
aún, se anarquizó su funcionamiento y los hospitales y centros de salud, en
forma aislada intentaron desde los recursos humanos dar respuestas a las
necesidades de los ciudadanos con estrategias regidas
por la voluntad más que por la organización y la disponibilidad de
recursos.
Sin embargo todo desorden y mal
desempeño tiene un límite en las demandas de la realidad: cuando no hay
antibióticos para una infección, o agujas y jeringas para aplicar un
medicamento, o un paciente con enfermedad terminal muere por que no tiene su
tratamiento. Así se manifiesta en plenitud que la falta de gestión, de rectoría
y la anarquía en la distribución de recursos vuelve caótico al sistema de
salud. Peor aún: se torna endogámico y entrópico, sólo se mira asimismo para
sobrevivir, y olvida de su verdadero y único objetivo: cuidar la salud de los
ciudadanos.
Resulta muy difícil
dimensionar el grave daño que ha producido esta crisis en la vida
individual y colectiva de los mendocinos, ya que la salud no es sólo un tema
sanitario que deba entenderse exclusivamente desde las prestaciones de
servicios de salud, sino que es además un componente esencial de la libertad
humana.
Por ello es inadmisible en
nuestra Democracia que los ciudadanos no tengamos la posibilidad de acceder a
un servicio de salud público de calidad, porque una enfermedad que no es
prevenida ni tratada por el olvido y abandono de los responsables políticos, es
una verdadera injusticia social en la que subyacen otras injusticias que profundizan
aún más las desigualdades, por que determinan inequidades en las posibilidades
de trabajar, de desarrollarse y de crecer individual y
colectivamente.
La crisis existe, es visible y la
sufren día a día miles de mendocinos. Es hora de que todos los actores
reaccionemos y se tomen las medidas correspondientes para proteger la vida, la
salud y la libertad de los ciudadanos de Mendoza.
Es un momento de grandes
responsabilidades. El Gobierno nuevo, con el Gobernador a la cabeza, pero
también los empleados y funcionarios, que deben estar a la altura de las
circunstancias, los sindicatos, la oposición de forma constructiva, las
organizaciones sociales, la ciudadanía en general. Todos debemos ser
protagonistas.
Y nosotros como legisladores
provinciales no podemos ser ajenos, más allá de si somos del partido de
gobierno o no. Tenemos la obligación constitucional y hasta moral de acompañar
al Gobernador en las políticas públicas que pretenda liderar para superar esta
crisis heredada, otorgando herramientas acordes y suficientes que le permitan
llevar a nuestra provincia a un punto de partida para su crecimiento y
desarrollo para así, con esfuerzo y compromiso, avanzar hacia la transformación
de la Provincia de Mendoza que nos merecemos.
Claudia
Najul- Senadora UCR