La Cámara Civil de Apelaciones ha emitido una sentencia que establece que la provincia de Mendoza debe pagar una millonaria indemnización por el crimen de Paula Toledo.
La sentencia modifica el monto que había sido otorgado por la justicia en una primera instancia. En total, la provincia deberá pagar $18 millones a la madre de Paula, Nuri Ribota, y $7.5 millones a cada uno de sus hermanos, Diego Dante Toledo, Julián Darío Toledo y William Roque Toledo. Además, deberá desembolsar unos $8 millones en honorarios para abogados y peritos.
Las indemnizaciones se basan en la falta de justicia por la muerte de la estudiante, que permitió que el crimen quedara impune. Los familiares de Toledo habían demandado al Estado provincial por "las malas actuaciones" de la policía y de la justicia que derivaron en "anulaciones del juicio" y "dilaciones de la causa".
El crimen de Paula Toledo ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2003 y la madrugada del día siguiente en San Rafael, cuando la joven fue abusada en manada y asesinada. Tras más de 17 años, muchos de los sospechosos fueron absueltos. El único imputado, Marcos Graín, fue juzgado por un tribunal de San Rafael. Fue señalado como el entregador ya que, en la fecha que ocurrió el aberrante hecho, Paula Toledo salió con él. Esa noche lo acompañó a una casa en la que había otros jóvenes muy conocidos en el departamento San Rafael donde ocurrió el crimen.
La decisión de la Cámara Civil de Apelaciones establece una indemnización significativamente mayor a la otorgada en la primera instancia, lo que representa un reconocimiento del daño sufrido por la familia Toledo y la falta de justicia en este caso resonante.
Las indemnizaciones se basan en la falta de justicia por la muerte de la estudiante, que permitió que el crimen quedara impune. Los familiares de Toledo habían demandado al Estado provincial por "las malas actuaciones" de la policía y de la justicia que derivaron en "anulaciones del juicio" y "dilaciones de la causa".
El crimen de Paula Toledo ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2003 y la madrugada del día siguiente en San Rafael, cuando la joven fue abusada en manada y asesinada. Tras más de 17 años, muchos de los sospechosos fueron absueltos. El único imputado, Marcos Graín, fue juzgado por un tribunal de San Rafael. Fue señalado como el entregador ya que, en la fecha que ocurrió el aberrante hecho, Paula Toledo salió con él. Esa noche lo acompañó a una casa en la que había otros jóvenes muy conocidos en el departamento San Rafael donde ocurrió el crimen.
La decisión de la Cámara Civil de Apelaciones establece una indemnización significativamente mayor a la otorgada en la primera instancia, lo que representa un reconocimiento del daño sufrido por la familia Toledo y la falta de justicia en este caso resonante.
