La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Daniela García (UCR), por el cual se faculta a los Intérpretes de Lengua de Señas a desempeñar su labor en más de una repartición pública. Esta disposición también regirá para el caso de intervenir como Peritos ante el Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial, en cualquiera de sus cuatro circunscripciones.
“Este proyecto lo fuimos gestando en función de lo que sucedió con el caso Próvolo, porque la justicia tuvo que tomar y priorizar el acceso de las personas sordas a la justicia, convocando a las personas que son especialistas en lenguaje intérprete de señas. Estas personas transitaron todo el juicio del Próvolo e hicieron absolutamente todas las interpretaciones no sólo en el juicio sino también cuando los chicos tenían que ir a las Cámaras Gesell”, dijo al respecto la diputada.
La propuesta, tuvo el visto bueno del titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, quien ayer participó de la reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se le dio despacho favorable.
García, indicó que según la Asociación que los aglutina en Mendoza existen un total de 26000 personas sordas. “Todo apunta a que no existe en Mendoza la cantidad de intérpretes necesarios”, teniendo en cuenta que “recién hace dos años la carrera de intérprete de lengua de señas se profesionalizó, por lo tanto la cantidad de licenciados son muy pocos para cubrir todas las necesidades que tiene la población provincial”. En esa línea, agregó que “la carrera es nueva, es creada en 2007, pero la matriculación se dio en 2018. Tenemos 28 matriculados en Mendoza, con una población aproximada de 26.000 personas sordas en Mendoza”.
“Es sabido que desde el caso Próvolo en la provincia de Mendoza, se vio la necesidad de dichos licenciados para cubrir al Ministerio Público y el Poder Judicial. En muchos casos son docentes dependientes de Dirección General de Escuelas, y es por eso que se generaba una incompatibilidad para contratarlos. De allí la necesidad de esta ley que viene a poner una excepción para el caso que un profesional de lengua de señas pueda tener un empleo y a la vez, más de un contrato con las reparticiones públicas estatales”, dijo, y subrayó: “Hay que eliminar las barreras comunicacionales”.
Por su parte, Jorge Difonso (FR-UP), quien preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, manifestó que “es necesaria la contratación de los intérpretes en el ámbito público. Hoy los estudiantes avanzados trabajan en medios, facultades, terciarios, incluso hospitales y de hecho como auxiliares de justicia, han sido una herramienta muy útil”.
También Laura Chazarreta (FdT-PJ), indicó que los intérpretes en lengua de señas fueron “una de las patas fundamentales para llegar a una sentencia en el caso Próvolo”. “Es muy importante que tengamos interpretes en todos los organismos del Estado, por el rol esencial que cumplen”, agregó.
En tanto, Mario Vadillo (Protectora Línea Fundadora), expresó que “si hay algo que necesitamos en esta Legislatura es ayudar a las personas con discapacidad”.
