El Estado pidió que Mendoza participe en una demanda por $152 millones por supuestos efectos adversos de AstraZeneca. La causa podría llegar a la Corte.
Nación busca involucrar a Mendoza en millonario juicio por efectos adversos de vacuna contra el Covid-19
Una causa judicial en Mendoza por presuntas secuelas provocadas por la vacuna AstraZeneca avanza en la Justicia Federal, y el Estado Nacional intenta que la Provincia también se haga cargo. El expediente, que ya pasó la etapa de admisibilidad, se convirtió en el primer reclamo civil por daños tras la vacunación contra el Covid-19.
El caso lo inició un empresario de 74 años, quien exige una indemnización de $152 millones por las consecuencias físicas, emocionales y económicas que atribuye a las dosis recibidas en mayo y julio de 2021 en el Hospital de Luján de Cuyo. Según relata en su demanda, tras la segunda aplicación comenzó a sufrir síntomas severos que derivaron en internaciones, diagnóstico de trombosis venosa profunda y un tratamiento médico que aún continúa.
La vacuna de AstraZeneca fue una de las primeras aprobadas por la ANMAT durante la pandemia y su distribución formó parte del plan nacional de inmunización iniciado a fines de 2020.
Síntomas, diagnóstico y reclamo
Entre las dolencias mencionadas por el demandante se incluyen fiebre persistente, dolores articulares y musculares, hormigueos, fatiga extrema, pérdida del apetito y dificultades motoras. Su primera internación ocurrió en septiembre de 2021 y la segunda en noviembre del mismo año, cuando le diagnosticaron una trombosis que, según afirma, lo obliga a tomar anticoagulantes de por vida.
Además de los problemas de salud, el hombre reclama daños psicológicos, perjuicio económico y un deterioro general en su calidad de vida, por lo que solicita el millonario resarcimiento.
La postura del Estado: rechazo total y nuevo foco en Mendoza
En la respuesta presentada ante la Justicia el 12 de junio, el Estado Nacional rechazó todos los puntos del reclamo. Alegó que no existen pruebas clínicas que establezcan un vínculo directo entre la vacuna y los síntomas denunciados, y criticó que el actor no haya acudido al Fondo de Reparación Covid-19, creado para atender estos casos con respaldo técnico y científico.
Además, el Gobierno sostuvo que la responsabilidad del Estado no puede analizarse desde el derecho civil o comercial, sino que se rige por la Ley de Responsabilidad del Estado, lo que limita el tipo de reclamos posibles.
Pero el elemento más controvertido fue el pedido para que se sume al Ministerio de Salud de Mendoza como tercero en el proceso. El Estado Nacional argumentó que la ejecución de la campaña de vacunación fue responsabilidad de las provincias, y por lo tanto correspondería compartir las responsabilidades.
La defensa del demandante se opuso con firmeza, asegurando que el reclamo se enfoca en la autorización nacional, la compra de vacunas y el marco legal que facilitó su aplicación. "No se cuestiona la logística provincial, sino las decisiones nacionales", argumentó la abogada del empresario.
Debates clave: pericia médica, posible salto a la Corte y constitucionalidad
Uno de los puntos más sensibles es la pericia médica. La parte actora rechazó que la evaluación sea realizada por el Cuerpo Médico Forense, al considerarlo dependiente del Estado Nacional y, por ende, no imparcial. Insisten en que la prueba la debe hacer un perito independiente.
El expediente también contiene un planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.573, que autorizó al Ejecutivo a negociar contratos con laboratorios. La defensa del actor cuestiona que esta norma permita firmar acuerdos que limiten la responsabilidad de los fabricantes y, a su juicio, vulnera derechos fundamentales como la propiedad, la salud y la protección frente a daños.
Con estos condimentos, el caso promete escalar. El Estado Nacional ya anticipó que, si el fallo le resulta adverso, llevará el asunto a la Corte Suprema. La Justicia deberá resolver ahora si incorpora a Mendoza al proceso, define qué organismo realizará la pericia clave y establece si habrá audiencia de conciliación.
Este juicio, más allá de lo individual, podría marcar un precedente sobre cómo se abordarán los reclamos por la vacunación en Argentina y hasta qué punto el Estado debe responder por sus consecuencias.
Con informaciòn de El Sol
