Antes del 8 de julio, el Ejecutivo nacional planea oficializar un decreto que marcará un fuerte reordenamiento en materia de transporte y movilidad.
La iniciativa, encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos vinculados al área, al tiempo que transfiere funciones a nuevas estructuras y a fuerzas de seguridad.
De acuerdo con lo publicado por el diario La Nación, el texto incluirá también la eliminación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida apunta a concentrar tareas que hoy se encuentran distribuidas en distintas dependencias, muchas de ellas con competencias solapadas.
El objetivo principal de esta reforma es centralizar funciones en un esquema más compacto y eficiente. Por ejemplo, tanto la CNRT como la ANSV y otras áreas del Ministerio de Transporte intervienen en cuestiones similares relacionadas con el control y la prevención de siniestros viales.
La nueva estructura delegará muchas de estas responsabilidades en la Secretaría de Transporte y en Gendarmería Nacional, que pasará a tener un rol preponderante en el control del tránsito terrestre. Esta fuerza de seguridad se ocupará de fiscalizar infracciones en rutas nacionales, pasos fronterizos y áreas de control integrado.
A la vez, se prevé la creación de la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, un nuevo organismo destinado a supervisar contratos relacionados con concesiones viales, líneas ferroviarias y servicios públicos de transporte.
En cuanto a Vialidad Nacional, la propuesta oficial pone fin a una dependencia con más de 5.300 empleados, de los cuales cerca de 1.500 ocupan cargos jerárquicos. Su desaparición trasladará la responsabilidad de otorgar concesiones viales y de servicios públicos al Ministerio de Economía, o a la entidad que este designe.
Los recursos financieros de Vialidad —incluyendo títulos públicos, fondos líquidos y letras del Tesoro— serán transferidos a la Tesorería General de la Nación. A su vez, el mantenimiento de rutas nacionales y obras complementarias también quedará bajo la órbita de la cartera económica.
En tanto, el personal de los entes que serán disueltos permanecerá transitoriamente en sus actuales funciones hasta que se concreten los cambios estructurales previstos.
