La Corte de Mendoza revocó una condena por abuso sexual infantil, absolvió al acusado y encendió la polémica por fallos en causas sensibles.
En una semana marcada por el fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Kirchner, otra resolución judicial de alto impacto tuvo lugar en Mendoza: la Corte provincial revocó una condena por abuso sexual gravísimo, dictada contra un hombre acusado de violar a su hijo de apenas tres años.
La decisión sorprendió a juristas y especialistas por su carácter excepcional. Por primera vez, la Corte mendocina dejó sin efecto una sentencia condenatoria en un caso de estas características, otorgando la absolución al acusado y ordenando su inmediata liberación.
El fallo fue firmado por los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Omar Palermo, quienes cuestionaron con dureza el procedimiento llevado adelante por el tribunal penal colegiado encabezado por el juez Agustín Chacón. En julio de 2024, ese tribunal había sentenciado al acusado a ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado.
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| Dalmiro Garay, juez de la Suprema Corte y autor del fallo |
Sin embargo, al revisar el expediente, los ministros del máximo tribunal provincial detectaron "vicios procesales" y una "valoración arbitraria" de pruebas clave. Entre ellas, se destacó la declaración de una médica que examinó al niño y concluyó que no existían signos de penetración, lo que contradice el agravante aplicado en la condena. Pese a ello, el juez Chacón había sostenido una parte del testimonio e ignorado otra fundamental para comprender el cuadro clínico.
La Corte también objetó la forma en que se consideraron las declaraciones del menor en Cámara Gesell y subrayó que el proceso judicial arrancó con serias inconsistencias: el hombre había sido imputado por una cantidad indeterminada de hechos, pero terminó siendo juzgado por uno solo.
El acusado estuvo detenido desde 2022 en un pabellón para condenados por delitos sexuales en el penal Almafuerte. La denuncia había sido presentada por su ex pareja, madre del niño, con el apoyo de los abuelos maternos. Ahora, tras dos años de prisión, recuperó la libertad.
Pero no fue el único caso resonante de la semana en Mendoza en torno a denuncias por abuso sexual intrafamiliar. La fiscal jefa de Delitos Sexuales, Daniela Chaler, decidió archivar dos denuncias recientes contra un padre y su hermano, acusados por la madre de una niña de haber cometido abuso.
Durante la investigación, ninguna prueba avaló la acusación. La menor no mostró indicios compatibles con abuso, y ni su psicóloga ni su maestra detectaron conductas preocupantes. Nunca se formalizó la imputación y la causa fue archivada.
"Siempre fuimos inocentes, pero la Justicia tardó más de un año en verlo", expresó el padre de la niña tras conocer el cierre del caso. Sin embargo, aún debe afrontar una batalla en el fuero de Familia para recuperar el vínculo con su hija, a quien no ve desde la denuncia.
Estos dos casos encendieron una fuerte señal de alerta sobre la complejidad que rodea las denuncias por abuso sexual dentro del ámbito familiar. Especialmente cuando las acusaciones surgen en contextos de separación o conflicto entre los progenitores. En medio del debate, la pregunta que resuena con más fuerza es: ¿quién protege realmente a los niños?
