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Desde el Concejo Deliberante de San Rafael repudiaron la posible eliminación del Régimen de Zona Fría

El proyecto fue presentado por el concejal Samuel Barcudi, del bloque Justicialista, ante la amenaza de un DNU que derogaría los subsidios al gas para zonas de bajas temperaturas.


El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael analiza una declaración impulsada por el concejal justicialista Samuel Barcudi, en la que se manifiesta un firme repudio a la intención del Gobierno Nacional de derogar, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la ampliación del Régimen de Zona Fría, vigente desde 2021 por la Ley N° 27.637.

El proyecto ingresó formalmente al cuerpo legislativo local el 30 de junio a las 10:54, bajo el expediente B-6833-2025. En el texto se expresa preocupación por el impacto social que tendría esta medida, ya que el régimen actualmente beneficia a 3,1 millones de usuarios con descuentos de hasta el 50% en las tarifas de gas natural, especialmente en regiones con climas fríos como el sur mendocino.

“El acceso a la energía en condiciones justas y equitativas es un derecho esencial para garantizar una vida digna”, sostiene el documento, al tiempo que advierte que la eliminación del beneficio implicaría aumentos abruptos en las facturas de los hogares, muchos de ellos vulnerables, que quedarían expuestos al frío sin alternativas accesibles.

Barcudi destacó que el subsidio también cumple una función estratégica en zonas alejadas de los grandes centros urbanos: “Ayuda a evitar el despoblamiento y protege a las economías regionales”.

El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo Nacional mantenga el esquema vigente hasta tanto se realice una revisión integral, con criterios socioeconómicos, jurídicos y con participación federal. También insta a los legisladores nacionales por Mendoza a oponerse a cualquier intento de derogación sin un debate público y participativo.

Finalmente, el texto pide que se remita copia de la declaración al Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación, a legisladores provinciales y a entidades de defensa del consumidor.

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