Un integrante de la comunidad gitana fue sentenciado en San Juan a nueve años de cárcel por haber explotado sexual y laboralmente a una joven con discapacidad intelectual.
El Tribunal Oral Federal también dispuso que deberá pagarle a la víctima una indemnización de 4 millones de pesos por los daños sufridos.
De acuerdo con la causa judicial, los hechos ocurrieron a partir de enero de 2023, cuando el acusado “adquirió” a la mujer de otra familia gitana. Desde entonces, la obligó a realizar venta ambulante y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Durante aproximadamente dos meses, la mantuvo en condiciones de servidumbre.
La joven fue rescatada en marzo de ese año, luego de escapar mientras vendía productos en la vía pública. En su testimonio, relató que era constantemente vigilada, que debía entregar todo el dinero que ganaba y que no tenía posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo ni su vida.
Durante el juicio se acreditó que el acusado incluso la llevó a un centro de salud cercano a su vivienda para que le retiraran un implante anticonceptivo, con la intención de forzarla a quedar embarazada. La fiscalía consideró este hecho como una grave forma de violencia sexual y una violación al derecho a la libertad reproductiva, protegida por la ley 26.485.
El juez Daniel Doffo subrayó la situación de alta vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima: sin apoyo familiar, sin asistencia del Estado y con un nivel intelectual reducido. Estas condiciones facilitaron que fuera sometida durante semanas sin intervención de terceros, indicó el magistrado en su fallo.
La reparación económica fue calculada por la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), e incluye el impacto psicológico, moral y patrimonial que sufrió la mujer.
