El gobierno adjudicó de forma directa un servicio a $13.534 por preso, por día. La oposición habla de “alarmas institucionales” y “una licitación fantasma”.
En una provincia donde los hospitales piden insumos, las escuelas hacen rifas y los sueldos estatales apenas alcanzan para sobrevivir, el Gobierno de Mendoza decidió pagar más de 54 mil millones de pesos por viandas carcelarias. Y lo hizo sin licitación, contratando de forma directa a una empresa que, casualmente, no había participado en el concurso original.
Ante esto, el bloque del Partido Justicialista en Diputados presentó un proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora. La iniciativa fue encabezada por el diputado Germán Gómez, con el respaldo del legislador Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde. El objetivo: revisar cómo, por qué y bajo qué justificación legal se adjudicó semejante monto a la firma Clisa Interior S.A., histórica prestadora del servicio en las cárceles.
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| Diputado Germán Gómez / Legislador Emanuel Fugazzotto |
Una licitación que nunca fue
Según el expediente, la licitación original fue declarada desierta, aunque una empresa (Bio Limp Soluciones de Calidad S.A.) había presentado una oferta. ¿El motivo de su rechazo? Supuestos errores formales. Clisa, en esa etapa, ni siquiera había participado, pero terminó quedándose con el contrato, sin competencia, sin licitación y con un precio final escandaloso.
“Esto por sí solo despierta alarmas institucionales, más allá de la excusa legal”, expresó Gómez, quien también preside la Bicameral de Seguridad. El contrato se ampara en el artículo 144 inciso b) de la Ley de Contabilidad N° 8706, que permite la contratación directa en casos de urgencia. El PJ, sin embargo, sostiene que la “urgencia” fue creada adrede para evitar la competencia.
Según el expediente, la licitación original fue declarada desierta, aunque una empresa (Bio Limp Soluciones de Calidad S.A.) había presentado una oferta. ¿El motivo de su rechazo? Supuestos errores formales. Clisa, en esa etapa, ni siquiera había participado, pero terminó quedándose con el contrato, sin competencia, sin licitación y con un precio final escandaloso.
“Esto por sí solo despierta alarmas institucionales, más allá de la excusa legal”, expresó Gómez, quien también preside la Bicameral de Seguridad. El contrato se ampara en el artículo 144 inciso b) de la Ley de Contabilidad N° 8706, que permite la contratación directa en casos de urgencia. El PJ, sin embargo, sostiene que la “urgencia” fue creada adrede para evitar la competencia.
Una vianda que vale más que una canasta básica
El número clave del contrato es el que más ruido hace: $13.534,40 por persona por día. Es decir, más de $400.000 por mes por cada interno. El PJ denuncia que este valor representa un aumento del 860% en dos años, superando cualquier índice inflacionario, lógico o ético.
El número clave del contrato es el que más ruido hace: $13.534,40 por persona por día. Es decir, más de $400.000 por mes por cada interno. El PJ denuncia que este valor representa un aumento del 860% en dos años, superando cualquier índice inflacionario, lógico o ético.
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“¿Cuánto más vamos a pagar por los errores (o negocios) del oficialismo?”, preguntó Gómez. “El argumento de la urgencia no puede ser una puerta giratoria para hacer negocios sin control”.
Qué podrá hacer la comisión
Si se aprueba, la Comisión estaría compuesta por un legislador de cada bloque y tendría 90 días para presentar un informe, con la posibilidad de una prórroga de 60 días más. Tendrá potestad para:
Si se aprueba, la Comisión estaría compuesta por un legislador de cada bloque y tendría 90 días para presentar un informe, con la posibilidad de una prórroga de 60 días más. Tendrá potestad para:
- Citar a funcionarios involucrados.
- Solicitar documentación y contratos.
- Requerir informes al Tribunal de Cuentas y la Contaduría General.
- Y si corresponde, remitir los antecedentes a la Justicia.
El silencio oficial
Hasta el momento, el Gobierno no ha salido a dar explicaciones públicas sobre el contrato ni sobre el costo por ración. Tampoco sobre la sorpresiva adjudicación a Clisa, una empresa que parece tener el don de estar en el lugar exacto, en el momento indicado… incluso cuando no se presenta.
¿Será esta comisión investigadora un paso hacia la transparencia o quedará todo tapado bajo la alfombra? Por ahora, los presos comen como reyes… y la ciudadanía paga la cuenta.
