Este lunes se cerró uno de los capítulos más polémicos del caso de tenencia y posible distribución de contenido relacionado con el abuso sexual infantil detectado en el sur de Mendoza.
El caso tomó relevancia a comienzos de 2024, cuando se realizaron varios allanamientos e imputaciones. Tras una investigación exhaustiva, algunas personas quedaron fuera del expediente, mientras que otras, como Cristian Alberto Cepeda, un diseñador gráfico de 31 años oriundo de San Rafael, recibieron sentencia.
Cepeda fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional por el delito de tenencia agravada de material de abuso sexual infantil. Aunque la pena puede parecer leve para un hecho tan grave, desde la fiscalía a cargo del caso, encabezada por Javier Giaroli, se explicó que no hubo producción ni difusión del material, sino solo posesión. Además, el acusado decidió reconocer su responsabilidad y acogerse a un juicio abreviado, figura legal que permite agilizar el proceso penal a cambio de una sanción más benévola.
Según informaron fuentes cercanas al caso, entre los archivos encontrados había pocas imágenes explícitas de abuso, pero sí numerosas fotografías de niñas muy jóvenes desnudas o con ropa interior, muchas de ellas de alta calidad y realizadas por profesionales. Parte de estas imágenes provenían de contextos aparentemente comerciales, aunque inapropiados por la edad de las menores.
La investigación comenzó en octubre de 2023, cuando una organización no gubernamental alertó a Google sobre la presencia de contenido prohibido alojado en Drive. La empresa identificó la cuenta de correo utilizada y, gracias a esa información, la Fiscalía pudo vincularla con un número de teléfono asociado a la región de San Rafael. Esta conexión resultó clave para avanzar en la causa.
Una vez obtenidos los datos, se llevó a cabo un operativo simultáneo en varias viviendas de San Rafael y Malargüe, donde se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos relacionados con el almacenamiento digital. Gran parte del material encontrado ya estaba catalogado dentro de las bases de datos internacionales dedicadas a rastrear contenido pedopornográfico. En este caso, se determinó que las imágenes correspondían a menores de Rumania y Ucrania.
El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los protocolos de denuncia y la cooperación entre organismos públicos, empresas tecnológicas y ONGs en la lucha contra la explotación sexual infantil.
