Concejales del PJ respaldan la repavimentación de la Ruta 143 pero rechazan el posible peaje por considerarlo un doble cobro y una injusticia regional.
Este miércoles ingresó al Concejo Deliberante de San Rafael un proyecto de declaración presentado por los concejales del bloque Justicialista Samuel Barcudi, Nahuel Arscone, Mariano Cámara, Antonela Cristofanelli, Pamela Torres y Néstor Ojeda. La iniciativa expresa el respaldo a la repavimentación de la Ruta Nacional 143 entre El Toledano (San Rafael) y Pareditas (San Carlos), pero también manifiesta un fuerte repudio a la posibilidad de que se implemente un sistema de peaje sobre esa traza.
En el texto, los ediles valoran la obra por su impacto en la seguridad vial y la conectividad regional, al tratarse de una ruta clave para el Norte, Centro y Sur provincial, usada diariamente por trabajadores rurales, transportistas, productores, familias y estudiantes. Sin embargo, advierten que la eventual instalación de peajes sobre una obra financiada con fondos públicos representa “un doble cobro” para los usuarios.
“El uso de fondos provenientes de la compensación por la no realización de Portezuelo del Viento debe destinarse íntegramente al Sur provincial. Son recursos que pertenecen legítimamente a esta región como reparación por una histórica deuda en infraestructura”, señala el proyecto, al tiempo que critica que se evalúe aplicar un peaje, lo que implicaría, según los concejales, “montar un negocio privado a costa de los usuarios”.
También remarcan que esta medida acentuaría la desigualdad territorial que sufre el interior mendocino. “Mientras en el Gran Mendoza no existen peajes sobre rutas de alta circulación, en el Sur se pretenden imponer dos, financiados con fondos públicos. Es una inequidad inadmisible”, afirmaron.
El Concejo Deliberante fue instado a aprobar la declaración, que además será remitida a la Dirección Provincial de Vialidad, al Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a ambas cámaras legislativas de Mendoza y al Poder Ejecutivo provincial.
“Este cuerpo no puede permanecer indiferente ante políticas que transforman obras necesarias en herramientas de rentabilidad privada, comprometiendo el principio de equidad y el acceso igualitario a los caminos”, concluye el proyecto.
