El cruce entre el intendente Félix y el Gobierno provincial reabre el debate sobre inseguridad, responsabilidades y silencios incómodos.
En medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad en San Rafael, el intendente Omar Félix generó un fuerte impacto esta semana al declarar públicamente que el narcotráfico avanza en el departamento. Habló de kioscos de droga en los barrios, de bandas provenientes de otros puntos de la provincia —como Las Heras y Godoy Cruz— e incluso mencionó la participación de ciudadanos colombianos en actividades delictivas.
Las declaraciones, lejos de ser acompañadas por un llamado a reforzar políticas de seguridad o a investigar, derivaron en una denuncia judicial. Fue presentada por funcionarios del Gobierno provincial y concejales de la UCR, quienes solicitaron a la Justicia Federal que cite al intendente como testigo y le exija que aporte formalmente los datos que dice tener.
La situación no deja de ser llamativa. En lugar de generar un debate sobre el avance del narcotráfico y la necesidad urgente de respuestas concretas, la atención se desvió hacia las formas, el tono y la exposición pública del problema. ¿El fondo? En segundo plano.
Más allá del color político, hay algo que preocupa a muchos vecinos: el miedo. Ese que, según reconoció el propio intendente, hace que muchos no se animen a denunciar. Y que ahora se ve reforzado por una señal contradictoria: quien expone un problema grave termina siendo objeto de una denuncia, no de respaldo.
Desde el Municipio se afirma que las responsabilidades en materia de seguridad recaen en el Gobierno provincial, y que San Rafael ha colaborado en múltiples áreas incluso fuera de su competencia. Un ejemplo: la nota enviada en marzo al Ministerio de Seguridad para adquirir cámaras compatibles con el sistema provincial, que aún no ha sido respondida.
Este cruce político deja al descubierto una vez más la tensión entre jurisdicciones, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la seguridad y el narcotráfico. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando que los distintos niveles del Estado trabajen de manera conjunta y efectiva para frenar un problema que no distingue colores políticos ni respeta límites geográficos.
Porque al final del día, lo que más importa no es quién dice las cosas, sino qué se está haciendo para cambiar la realidad que se denuncia.
