La Justicia resolvió otorgarle el cese de prisión preventiva al humorista mendocino, quien estaba bajo arresto domiciliario tras ser denunciado por violencia de género y abuso sexual por su ex pareja, Verónica Macías.
Después de haber pasado cerca de un año en el complejo penitenciario de San Felipe y varios meses más cumpliendo prisión domiciliaria, este miércoles la Justicia resolvió otorgarle la libertad al humorista mendocino Juan “Cacho” Garay, de 70 años, aunque bajo condiciones muy estrictas. La decisión fue tomada por la jueza Natacha Cabeza, quien resolvió el cese de la prisión preventiva, aunque impuso una serie de medidas cautelares que el acusado deberá acatar de manera rigurosa para evitar una nueva detención.
Garay fue denunciado en abril de 2023 por su entonces esposa, Verónica Macías, quien lo acusó de haber ejercido violencia de género, además de haber sido víctima de amenazas, abuso sexual y otros actos de extrema gravedad durante su relación. La causa avanzó rápidamente en el fuero de Violencia de Género, y con el correr de los meses se sumaron nuevas denuncias y elementos de prueba que complicaron aún más su situación judicial.
Aunque ahora fue liberado, el humorista deberá cumplir con múltiples restricciones. En primer lugar, no podrá residir a menos de un kilómetro del domicilio de su ex pareja y tiene prohibido cualquier tipo de acercamiento a ella, incluyendo una orden perimetral de 700 metros. Si llegara a coincidir con Macías en algún lugar público, estará obligado a retirarse de inmediato sin establecer contacto visual.
Además, se le prohíbe salir de la provincia de Mendoza y del país. Para garantizar esto, Garay deberá entregar su pasaporte y cualquier otro documento habilitante para salir del país. También deberá abonar una caución económica de 2 millones de pesos y presentarse semanalmente, todos los miércoles, en la Unidad Fiscal interviniente para demostrar que cumple con las condiciones impuestas.
Otro de los requisitos es la continuidad obligatoria de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, debiendo presentar mensualmente los certificados que acrediten su seguimiento profesional. También se le impuso una prohibición de contacto y acercamiento hacia los peritos, testigos y demás personas vinculadas a la causa judicial.
El Ministerio Público Fiscal, por su parte, quedó facultado para solicitar la colocación de una pulsera electrónica dual en caso de que la víctima así lo solicite. A su vez, podrá imponer nuevas reglas de conducta en cualquier momento, incluyendo la prohibición expresa de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas. Garay, por su parte, tendrá la obligación de asistir a todas las citaciones que emanen de organismos judiciales o del MPF.
El próximo lunes a las 8 de la mañana está prevista una audiencia clave, en la cual se definirá si la causa de Garay es elevada a juicio o si se adoptan otras medidas procesales. Esa instancia podría marcar un nuevo rumbo en su situación judicial, dependiendo de lo que resuelva la Justicia y del avance de la investigación.
El origen de la causa contra Garay
La denuncia que desató el proceso judicial contra el reconocido humorista ocurrió en abril de 2023, cuando su entonces esposa, Verónica Macías, se presentó ante la Justicia y relató un grave episodio de violencia ocurrido en la vivienda que compartían en Luján de Cuyo. Según su testimonio, durante una fuerte discusión, Garay la amenazó con un arma de fuego, apuntándole a la cabeza y diciéndole con contundencia: “Te voy a matar”.
A raíz de esa denuncia, el fiscal de Violencia de Género de aquel momento, Daniel Carniello, ordenó el allanamiento de la casa del artista, ubicada en la calle 20 de Setiembre del mencionado departamento. En el procedimiento, personal de Investigaciones secuestró cuatro armas de fuego y una pistola de gas comprimido. Pese a la gravedad del hecho, en ese primer momento Garay fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género pero quedó en libertad.
La situación cambió drásticamente cuando Macías amplió su denuncia, incluyendo detalles aún más alarmantes. Afirmó que durante su relación fue forzada a participar en “fiestas sexuales” organizadas por el propio Garay, donde –según su relato– fue vejada tanto por él como por otras personas de su entorno más íntimo. Con estos nuevos elementos, la fiscalía avanzó con una imputación mucho más severa, incluyendo el delito de abuso sexual.
Fue en esa etapa cuando se ordenó su detención y se le concedió el arresto domiciliario, medida que cumplió desde junio de 2024. Durante el desarrollo de la investigación también quedó bajo la lupa Sandra Astudillo Stafollani, una ex empleada de la Legislatura provincial que estaba de vacaciones en Cancún, México, cuando se libró una orden de captura en su contra, debido a su presunta participación en los hechos denunciados.
La causa que involucra a Cacho Garay sigue abierta y en etapa de definición. El cese de prisión preventiva no implica un cierre del proceso ni una absolución, sino un cambio de condición mientras continúa la investigación. La audiencia del lunes podría ser determinante para saber si el humorista será llevado a juicio oral y público por los hechos que se le imputan.