La Provincia deberá indemnizar a la familia de Lucas Carrazco (22) quien fue asesinado por un policía que le arrojó un proyectil de un gas lacrimógeno durante una represión policial que hubo en 2014 en inmediaciones del estadio de Independiente Rivadavia tras la suspensión de un partido.
La jueza Roxana Álamo del Tribunal de Gestión Asociada 1 estableció que el Estado provincial debe pagarle a todos los integrantes de la familia de la víctima: a los herederos de la madre –incasable mujer que, tras no recibir respuestas de la justicia, se quitó la vida en 2017- se deberá pagar $9.278.587; y al padre, Daniel Carrazco $9.378.587.
También se le deberá pagar a los tres hijos: al que estaba junto a Lucas al momento del hecho $3.500.000 y los otros dos hermanos $3.000.000 cada uno. La suma total es de $27.6000 que sumado a los intereses llega a unos $ 40.000.000.
La demanda no sólo alcanza al Estado provincial sino también al ex policía Diego Guzmán Zalazar, quien en junio de 2019 fue condenado a 3 años de prisión condicional por “homicidio en exceso en cumplimiento de su deber”.
UN PROYECTIL ANTITUMULTO
El 14 de marzo de 2014, luego de que se suspendiera un encuentro entre la “Lepra” e Instituto de Córdoba, Lucas Carrazco estaba en un callejón entre Boulogne Sur Mer y el costado del Mendoza Tenis Club cuando recibió un golpe en la cabeza. Si bien primero se dijo que lo habían golpeado con una botella, luego se supo que la herida fue producida por un proyectil antitumulto.
Carrazco fue trasladado en taxi al hospital Lagomaggiore, donde murió días después.
El 28 de julio del 2019 se inició el primer debate bajo la calificación de homicidio culposo, a cargo de los jueces Roberto Uliarte, José Valerio y Ariel Spektor.
Después de dos audiencias, el 30 de agosto se hizo lugar a un cuarto intermedio por 15 días para que se realizara una pericia médica, que desembocó en un hecho inédito dentro de la Justicia local: por una enfermedad del juez José Valerio -hoy integrante de la Corte provincial- el juicio se anuló porque se superaron los 15 días que la ley establece para suspender un juicio.
Por esa situación se denunció que el magistrado a pesar de estar enfermo, ese mismo día, había concurrido a dar clases a la universidad. El 24 de setiembre de 2016, la Suprema Corte de Justicia resolvió que se realizara un segundo juicio.
El 16 de julio de 2017, Viviana Espina, madre de la víctima, se suicidó en el parque del Acceso Este. Dejó una carta y algunos mensajes en su muro de Facebook donde mostraba su dolor por la muerte de Lucas.
El 27 de junio de 2019 la Justicia condenó a 3 años de prisión condicional por “homicidio en exceso en cumplimiento de su deber” al efectivo Diego Guzmán Zalazar. Quedó en libertad. Además, el tribunal dispuso para el imputado una suspensión para ejercer de 7 años.
Fuente: Los Andes
