Concejales del justicialismo local, presentaron un proyecto de declaración a fin de que como cuerpo el Concejo Deliberante repudie el envío de fuerzas de seguridad y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas a establecimientos escolares, con “el claro propósito de amedrentar e intimidar a los trabajadores y trabajadoras de la Educación”.
Como informó La Ventana San Rafael durante la semana, en el marco del conflicto salarial entre el Gobierno y los docentes de Mendoza, se produjeron situaciones bastante molestas, cuando autoridades policiales y de la Dirección de Asuntos Jurídicos DGE se acercaron a las instituciones, a fin de comprobar que los docentes que habían firmado sus asistencias estuvieran en los edificios, y no manifestándose en las calles.
Los concejales del justicialismo, consideran que esa ha sido una manera de “amedrentarlos”. En los fundamentos del proyecto de declaración, los ediles sostienen que “la Constitución Nacional, en su Artículo 14 bis establece, en el segundo párrafo, los Derechos colectivos del trabajo, garantizando a los gremios el de la negociación colectiva y el Derecho de huelga. Entendiendo los constituyentes el concepto gremio como el colectivo de los Trabajadores de una actividad, estén o no afiliados a un Sindicato”. Nombran también otras leyes y estatutos contra los que fue la actitud del Gobierno de Mendoza.
“Las conductas desplegadas por las fuerzas policiales, revisten carácter abusivo e ilegal, en tanto incurre en un exceso de sus funciones previstas en la Ley 6.722, y una clara violación de lo prescripto por su artículo 8, que establece que los miembros de las Policías de la Provincia de Mendoza actuarán conforme con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Su accionar deberá adecuarse estrictamente y en todo momento al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que implicare violencia física o moral contra las personas, así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas”, destacaron y agregaron: “Este tipo de políticas representan un ataque a la organización de trabajadoras y trabajadores de la educación y pretende disciplinar al conjunto de los trabajadores”.
