Este viernes en horas de la tarde, tras dos días de la muerte de Natalia Tagua, la fiscal especializada en violencia de género Paula Arana imputó formalmente a Arturo Antonio Sáez Millán (41) del delito de homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género. Si bien cualquier imputado es inocente hasta que se demuestra lo contrario, todo hace suponer que estamos frente al femicida.
No obstante, atado de pies y manos, el país sigue esperando que se acorten un poco los tiempos de la Justicia.
Es que el de esta mujer, fue uno de tantos otros femicidios absolutamente evitables, si tan solo se hubieran tomado las medidas judiciales preventivas, teniendo en cuenta que el imputado tenía antecedentes, había hecho amenazas y que se encontraba prófugo. Pero no, desgraciadamente vivimos a merced de un Poder Judicial absolutamente ajeno a la realidad (en muchos casos justamente por eso, bastante parecido a los otros dos poderes).
¿De qué podrían servir leyes más duras, más firmes, más concretas, si quienes deben hacerlas cumplir son blandos, débiles e inconcretos? Argentina es un país “más o menos” en muchos aspectos, entre los que sin duda está el legal, pues los “doctores” (la inmensa mayoría sin doctorado), terminan siendo cómplices de los delitos más atroces, los que duelen aún más cuando hay víctimas mortales.
Natalia Tagua ya no está entre nosotros, ya no está ni estará con sus hijos y demás seres queridos… ahora pueden venir toda clase de disculpas, pero lo cierto es que una vez más, la Justicia demostró que puede ser absolutamente peligrosa, mucho más en materia de violencia de género y lamentablemente, sus responsables (jueces, fiscales y demás funcionarios), no deben pagar por sus actos como ocurriría con un médico de causar una “mala praxis”.
