La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de Ley venido en revisión del Senado, por el cual se suspende todo trámite de ejecución de sentencias que recaiga sobre las deudas hipotecarias, cuyos titulares estén comprendidos por el artículo 2° de la Ley N° 8.182, hasta el 31 de diciembre de 2.020.
“Éstos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial mientras el primero lleva adelante las labores que le encomendara la Ley N° 8.182, ni la ausencia de ellos tomada como abuso o dilación mientras se sustancien las causas. La presente disposición, es de orden público y de cumplimiento obligatorio respecto a los deudores hipotecarios comprendidos en la Ley N° 8.182”, dice el texto de la normativa.
La Ley 8182, comprende a los deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios creada por Decreto N° 689/05, el cual abarca a los deudores de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.
Tal como consta en los fundamentos del proyecto, “la situación de quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, luego de la crisis del 2001, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa”.
“En consecuencia, se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. En Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”, añade el texto..
Durante el tratamiento en el recinto, el diputado Jorge Sosa (UCR) explicó que se trata de una prórroga de la Ley 8182, “para que no se puedan ejecutar los créditos hipotecarios de la crisis del 2001. Estos créditos hipotecarios, los que quedan porque inicialmente eran muchos más, se han ido rescatando de los bancos privados y el IPV ha refinanciado los créditos de vivienda para que estas personas no pierdan su casa. Esta es la finalidad”.
“Éstos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante el Poder Ejecutivo o Judicial mientras el primero lleva adelante las labores que le encomendara la Ley N° 8.182, ni la ausencia de ellos tomada como abuso o dilación mientras se sustancien las causas. La presente disposición, es de orden público y de cumplimiento obligatorio respecto a los deudores hipotecarios comprendidos en la Ley N° 8.182”, dice el texto de la normativa.
La Ley 8182, comprende a los deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios creada por Decreto N° 689/05, el cual abarca a los deudores de los ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.
Tal como consta en los fundamentos del proyecto, “la situación de quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, luego de la crisis del 2001, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa”.
“En consecuencia, se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. En Mendoza se sancionaron las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”, añade el texto..
Durante el tratamiento en el recinto, el diputado Jorge Sosa (UCR) explicó que se trata de una prórroga de la Ley 8182, “para que no se puedan ejecutar los créditos hipotecarios de la crisis del 2001. Estos créditos hipotecarios, los que quedan porque inicialmente eran muchos más, se han ido rescatando de los bancos privados y el IPV ha refinanciado los créditos de vivienda para que estas personas no pierdan su casa. Esta es la finalidad”.
