La Justicia dispuso la intervención de la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, y ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema por razones de "gravedad institucional", donde podría permanecer hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente al máximo tribunal, tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales "graves consecuencias".
La decisión de la Cámara ocurrió cuatro días antes de que la jueza de primera instancia del mismo fuero en lo Comercial, Marta Cirulli, dispusiera designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante lo que definió como "el reprochable ocultamiento de un pasivo posconcursal impensable".
El coadministrador deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que la jueza Cirulli calificó como "renuencia informativa" de los responsables de la empresa. "Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada luego de los requerimientos [de la Justicia] es el que me impone decidir del modo preanunciado", remarcó.
En el Grupo Socma afirmaron que siempre colaboraron con la Justicia y plantearon que la decisión de la jueza responde a requisitorias de la fiscal de Cámara Gabriela Boquin "bastante extraños para lo que debe abordarse en un proceso concursal".
"Nos sorprende la decisión porque lo único que hicieron los accionistas fue aportar fondos a la empresa para que continúe en marcha, bajo la premisa de que solo recuperarán esos fondos una vez que se paguen todas las deudas a todos los acreedores, incluyendo el Estado nacional", indicó el presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente al máximo tribunal, tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales "graves consecuencias".
La decisión de la Cámara ocurrió cuatro días antes de que la jueza de primera instancia del mismo fuero en lo Comercial, Marta Cirulli, dispusiera designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante lo que definió como "el reprochable ocultamiento de un pasivo posconcursal impensable".
El coadministrador deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que la jueza Cirulli calificó como "renuencia informativa" de los responsables de la empresa. "Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada luego de los requerimientos [de la Justicia] es el que me impone decidir del modo preanunciado", remarcó.
En el Grupo Socma afirmaron que siempre colaboraron con la Justicia y plantearon que la decisión de la jueza responde a requisitorias de la fiscal de Cámara Gabriela Boquin "bastante extraños para lo que debe abordarse en un proceso concursal".
"Nos sorprende la decisión porque lo único que hicieron los accionistas fue aportar fondos a la empresa para que continúe en marcha, bajo la premisa de que solo recuperarán esos fondos una vez que se paguen todas las deudas a todos los acreedores, incluyendo el Estado nacional", indicó el presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa.
