Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, que preside la diputada Marcela Fernández (UCR), continuaron con el estudio de la ley 5532 que contempla el funcionamiento de los geriátricos y la posibilidad de incluir algunas modificaciones a la norma.
Entre las posibilidades que analizan los diputados está incluir algunos artículos que contengan la responsabilidad familiar y un registro público de todos los establecimientos que tiene la provincia.
Consultada la diputada Fernández explicó que “hay situaciones que no están reguladas, entonces no hay una situación optima para las ciudadanos. En la actualidad está vigente la ley 5532, hay escenarios que se tienen que tener en cuenta. La primera la responsabilidad familiar, porque los geriátricos o los lugares donde están los adultos mayores, no deberían ser un depósito de personas, no estamos generalizando pero hay realidades que se ven habitualmente, donde la familia no acompaña al adulto mayor y tampoco sabe cuál es la situación de ellos en esos establecimientos”.
Indicó la legisladora radical que “ante este panorama, la iniciativa es que la responsabilidad de la familia esté expresada en la norma y tenga la obligatoriedad de asistir al lugar donde está el familiar”.
También, los legisladores examinaron el otro aspecto que no está contemplado en la normativa vigente, que es el registro público, para que a la hora de buscar un geriátrico o una residencia para adultos mayores, exista una información genuina.
Sostuvo la diputada Fernández que “la responsabilidad del Estado es dar cuenta de lo que habilita y en qué condiciones se realiza esa habilitación, por eso ese carácter público de ese registro es el queremos establecer en la modificación de esta ley”.
Consultada la diputada Fernández explicó que “hay situaciones que no están reguladas, entonces no hay una situación optima para las ciudadanos. En la actualidad está vigente la ley 5532, hay escenarios que se tienen que tener en cuenta. La primera la responsabilidad familiar, porque los geriátricos o los lugares donde están los adultos mayores, no deberían ser un depósito de personas, no estamos generalizando pero hay realidades que se ven habitualmente, donde la familia no acompaña al adulto mayor y tampoco sabe cuál es la situación de ellos en esos establecimientos”.
Indicó la legisladora radical que “ante este panorama, la iniciativa es que la responsabilidad de la familia esté expresada en la norma y tenga la obligatoriedad de asistir al lugar donde está el familiar”.
También, los legisladores examinaron el otro aspecto que no está contemplado en la normativa vigente, que es el registro público, para que a la hora de buscar un geriátrico o una residencia para adultos mayores, exista una información genuina.
Sostuvo la diputada Fernández que “la responsabilidad del Estado es dar cuenta de lo que habilita y en qué condiciones se realiza esa habilitación, por eso ese carácter público de ese registro es el queremos establecer en la modificación de esta ley”.
