Son las religiosas denunciadas por la Dinaf por presuntos maltratos a 25 chicos.
Adelantándose a posibles imputaciones las cuatro monjas de la congregación religiosa del Verbo Encarnado de San Rafael -señaladas por menores como presuntas autoras de diversos maltratos- se presentaron espontáneamente a la Justicia y solicitaron un mantenimiento de libertad.
La investigación comenzó en diciembre cuando algunos menores alojados en institutos de la congregación denunciaron irregularidades, por lo que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), decidió denunciar el caso a la justicia y sacarlos del “cuidado” de las religiosas.
Eso ocurrió el 14 de diciembre pasado cuando la Dinaf rompió un convenio que tenía con los religiosos y retiró a 25 niños y adolescentes de seis hogares del Instituto de Servidora del Señor y de la Virgen de Matará.
Según trascendió por declaraciones de los propios menores, los maltratos habrían incluido zamarreos, duchas de agua fría y agresiones psicológicas. Las víctimas dijeron haber recibido retos subidos de tono, penitencias inadecuadas y golpes.
Según dijo Elisabeth Crescitelli, ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, al momento de conocerse el caso, las autoridades de la congregación sureña le aseguraron que las cuatro monjas “están separadas de la institución”.
En ese momento, también se dio a conocer un comunicado oficial que “se decidió realizar una intervención y escucha activa a los menores” alojados en los hogares “a raíz de la situación vivida por algunos niños”, por lo que la semana pasada un equipo técnico de profesionales “determinó que existe un trato inadecuado por parte de las monjas y curas a cargo”.
Sin que las llamaran
El viernes pasado, las cuatro monjas sospechadas -acompañadas de un abogado- se presentaron espontáneamente ante el fiscal Javier Giaroli y se hicieron parte en el proceso, considerándose “sospechadas”.
En el mismo acto fijaron sus domicilios y solicitaron el mantenimiento de libertad, anticipándose así a una futura imputación y detención.
Además, las religiosas presentaron un perito de control que podrá participar de las pericias que se realicen a los chicos.
En el expediente ya figuran entrevistas que la Dinaf ha realizado a los menores y, en varios casos se repiten el nombre de cuatro “hermanas”. Estas cuatro personas fueron identificadas por la policía por lo que, asesoradas legalmente, decidieron adelantarse a posibles consecuencias y presentarse espontáneamente.
Se espera que en febrero la causa tome un nuevo impulso, cuando se realicen declaraciones de las presuntas víctimas en cámara Gessell.
También declararan psicólogos, personal de la Dinaf y los médicos del hospital Shestakow que trataron a los niños luego que se los apartara del cuidado de las religiosas.
Fuente: Diario Los Andes
Adelantándose a posibles imputaciones las cuatro monjas de la congregación religiosa del Verbo Encarnado de San Rafael -señaladas por menores como presuntas autoras de diversos maltratos- se presentaron espontáneamente a la Justicia y solicitaron un mantenimiento de libertad.
La investigación comenzó en diciembre cuando algunos menores alojados en institutos de la congregación denunciaron irregularidades, por lo que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), decidió denunciar el caso a la justicia y sacarlos del “cuidado” de las religiosas.
Eso ocurrió el 14 de diciembre pasado cuando la Dinaf rompió un convenio que tenía con los religiosos y retiró a 25 niños y adolescentes de seis hogares del Instituto de Servidora del Señor y de la Virgen de Matará.
Según trascendió por declaraciones de los propios menores, los maltratos habrían incluido zamarreos, duchas de agua fría y agresiones psicológicas. Las víctimas dijeron haber recibido retos subidos de tono, penitencias inadecuadas y golpes.
Según dijo Elisabeth Crescitelli, ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, al momento de conocerse el caso, las autoridades de la congregación sureña le aseguraron que las cuatro monjas “están separadas de la institución”.
En ese momento, también se dio a conocer un comunicado oficial que “se decidió realizar una intervención y escucha activa a los menores” alojados en los hogares “a raíz de la situación vivida por algunos niños”, por lo que la semana pasada un equipo técnico de profesionales “determinó que existe un trato inadecuado por parte de las monjas y curas a cargo”.
Sin que las llamaran
El viernes pasado, las cuatro monjas sospechadas -acompañadas de un abogado- se presentaron espontáneamente ante el fiscal Javier Giaroli y se hicieron parte en el proceso, considerándose “sospechadas”.
En el mismo acto fijaron sus domicilios y solicitaron el mantenimiento de libertad, anticipándose así a una futura imputación y detención.
Además, las religiosas presentaron un perito de control que podrá participar de las pericias que se realicen a los chicos.
En el expediente ya figuran entrevistas que la Dinaf ha realizado a los menores y, en varios casos se repiten el nombre de cuatro “hermanas”. Estas cuatro personas fueron identificadas por la policía por lo que, asesoradas legalmente, decidieron adelantarse a posibles consecuencias y presentarse espontáneamente.
Se espera que en febrero la causa tome un nuevo impulso, cuando se realicen declaraciones de las presuntas víctimas en cámara Gessell.
También declararan psicólogos, personal de la Dinaf y los médicos del hospital Shestakow que trataron a los niños luego que se los apartara del cuidado de las religiosas.
Fuente: Diario Los Andes
