Al término de la reunión, los legisladores firmaron dos despachos. Uno, en mayoría, promueve la derogación de la prohibición de expendio de la droga en Mendoza; el otro, en minoría, establece el archivo del proyecto.
Integrantes de la comisión de Salud, que preside Hebe Casado (PRO), analizaron el expediente que establece la derogación de la Ley 8.116, la cual “limita exclusivamente al ámbito institucional sanitario” de Mendoza, “el expendio y/o suministro y/o fraccionamiento de medicamentos que contengan el principio activo "MISOPROSTOL" solo o asociado a otro/s principio/s activo/s”.
La iniciativa que establece esa derogación fue presentada por la diputada Ana María Andía (UCR) en agosto de este año. La legisladora aclaró, antes de las exposiciones, que “estos temas nos atraviesan como ciudadanos, en el bloque, como familia, como sociedad” y remarcó que su presentación se ha realizado en el marco de la “legalidad”, respetando el orden legal vigente y el Código Penal.
Al hacer uso de la palabra, uno de los invitados a favor de la derogación, el Dr. Carlos Lombardi (Vicepresidente del Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres -UNCuyo-) sostuvo que “vemos que jurídicamente y legalmente, el levantamiento de la prohibición puede prosperar, es viable”; precisamente porque la ley 26.485 “posibilita a las mismas decidir libremente sobre el número de embarazos y cuando tenerlos, por lo tanto, el acceso a este medicamento, de modo libre, sin que haya una intervención previa de la institución estatal, morigera sensiblemente esta violencia institucional para con ellas en el momento de decidir el número de embarazos. Es un tema también de igualdad ante la ley”, remarcó.
En este sentido, se expresó Roxana Cabrera (Programa Provincial de Salud Reproductiva) quien esgrimió que este debate se dio como política específica para que las mujeres tuviesen la posibilidad de decidir sobre su cuerpo y estar asesoradas. La galena indicó que “la provincia decidió capacitar a los profesionales de la salud” y “sensibilizar” sobre el tema; y agregó que se busca preservar a la mujer e instruirla en los métodos anticonceptivos.
A su turno, Paula Croatto (especialista en Derecho Internacional) expuso su postura contraria a la derogación de la ley 8.116. Explicó que “la propuesta no tiene el fundamento legal suficiente que sea distinto, según lo que hemos visto en comisión, a un camino directo a la liberalización del aborto en Mendoza; contrario a todo lo que se ha venido discutiendo tanto en la provincia como en la Nación”.
La abogada agregó, con respecto a la práctica de un aborto y en virtud del análisis que se realiza del Código Penal, que “si se amplia, si va más allá de los casos del artículo 86 del Código Penal, entraría en los delitos concretos del aborto. Por tanto no sería la excepción de la no punibilidad de los casos de aborto (artículo 86 del CP) sino que sería un caso de aborto libre y son los que están penados por la ley”.
Sintetizó Croatto: “Está probado y confirmado, científicamente hablando, fácticamente hablando que el Misoprostol agrede físicamente a la mamá, a la mujer, por tanto no es una política pública que acompañe a la protección de la mujer y sus derechos”.
También se expresaron algunos médicos en la reunión dando cuenta de los efectos adversos de la administración de misoprostol, realizaron repaso de los padecimientos corporales y ahondaron en las decisiones que han tomado algunos laboratorios a nivel mundial sobre la administración del Misoprostol solo o asociado con otras drogas.
Mercedes Pennesi (ONG-Centro de Apoyo para la Mujer) se mostró contraria a la derogación de la prohibición de la administración de Misoprostol en Mendoza, luego de la lectura de un texto que entregaron a la comisión.
Finalmente, la reunión de comisión concluyó con el análisis de la iniciativa por parte de los legisladores, sin la presencia del público, y con la firma de dos despachos que serán puestos en consideración en Sesión.
A su turno, Paula Croatto (especialista en Derecho Internacional) expuso su postura contraria a la derogación de la ley 8.116. Explicó que “la propuesta no tiene el fundamento legal suficiente que sea distinto, según lo que hemos visto en comisión, a un camino directo a la liberalización del aborto en Mendoza; contrario a todo lo que se ha venido discutiendo tanto en la provincia como en la Nación”.
La abogada agregó, con respecto a la práctica de un aborto y en virtud del análisis que se realiza del Código Penal, que “si se amplia, si va más allá de los casos del artículo 86 del Código Penal, entraría en los delitos concretos del aborto. Por tanto no sería la excepción de la no punibilidad de los casos de aborto (artículo 86 del CP) sino que sería un caso de aborto libre y son los que están penados por la ley”.
Sintetizó Croatto: “Está probado y confirmado, científicamente hablando, fácticamente hablando que el Misoprostol agrede físicamente a la mamá, a la mujer, por tanto no es una política pública que acompañe a la protección de la mujer y sus derechos”.
También se expresaron algunos médicos en la reunión dando cuenta de los efectos adversos de la administración de misoprostol, realizaron repaso de los padecimientos corporales y ahondaron en las decisiones que han tomado algunos laboratorios a nivel mundial sobre la administración del Misoprostol solo o asociado con otras drogas.
Mercedes Pennesi (ONG-Centro de Apoyo para la Mujer) se mostró contraria a la derogación de la prohibición de la administración de Misoprostol en Mendoza, luego de la lectura de un texto que entregaron a la comisión.
Finalmente, la reunión de comisión concluyó con el análisis de la iniciativa por parte de los legisladores, sin la presencia del público, y con la firma de dos despachos que serán puestos en consideración en Sesión.
