El Concejo Deliberante solicita al Ministerio de Agroindustria que no elimine el Monotributo Social Agropecuario.
Este beneficio fue creado en 2009 y constituía una política del Estado nacional que apuntaba a fomentar la actividad de la agricultura familiar y formalizaba la venta de productos y servicios permitiendo a los pequeños productores poder facturar sus productos, contar con aportes jubilatorios y cobertura de salud para el titular y su familia sin tener que realizar ningún aporte adicional. De manera tal que su actividad contaba con un marco regulatorio y se formalizaba al sector más relegado del campo.
La iniciativa se origina en los reclamos que acercaron los damnificados de las zonas rurales de San Rafael a la concejal Galamba: "Los productores de distritos están muy alarmados ya que su actividad no es continua por lo tanto pierden la posibilidad de realizar ventas con factura cuando se les presenta la posibilidad de comercializar sus productos ".
Según se fundamenta en la Declaración, con el MSA el Estado cubría el 100% de los aportes jubilatorios, la obra social para el titular y su familia y a partir de la Resolución 34/2018 del Ministerio de Agroindustria cada productor deberá afrontar de su bolsillo un costo de 268 pesos por persona para contar con la obra social, lo que elevaría el costo a una familia tipo a $1072 para acceder al beneficio.
Otro aspecto que motivó la solicitud del Concejo Deliberante es que el plazo de reempadronamiento vence el 10 de agosto, se dio muy poco tiempo para informar a los monotributistas y además la información es inespecífica, al respecto la Concejal sostiene que: “La medida se ha tomado sin especificar qué sucederá con quienes no logren empadronarse, no hay suficiente acceso a la información ni tiempo suficiente para informarse sobre una decisión que afectará gravemente a la economía familiar ya que el plazo de actualización de datos comenzó cuando se publicó la resolución en el Boletín Oficial el 3 de julio y vence el viernes 10 de agosto por lo tanto es necesario extender el plazo del mismo, ya que muchos de los beneficiarios del programa son puesteros y productores que viven en zonas alejadas de la oficina donde deben realizar el trámite”.
Esta situación se agrava por el despido de trabajadores de las Secretarías de Agricultura Familiar: "En nuestro departamento esta situación es muy grave porque son alrededor de 1000 los beneficiarios directos del MSA más su grupo familiar que perderían este estímulo a la producción, estamos hablando de crianceros, pequeños productores apícolas, productores caprinos, entre otros que en este momento se encuentran en una situación de total incertidumbre, además despidieron a 3 de los 5 empleados que deberían estar visitando e informando a los beneficiarios”, manifestó Galamba.
Finalmente, la edil advierte las consecuencias de esta medida: "Aún aquellos productores que han recibido la información se ven obligados a renunciar al Monotributo ante la imposibilidad de afrontar los pagos, quedando así nuevamente excluidos de la economía formal."
El miércoles 8 se aprobó en el Concejo Deliberante un proyecto impulsado por la concejal Natalia Galamba en el que se solicita al Ministerio de Agroindustrias de la Nación que revea la medida anunciada el pasado 3 de julio por la cual se elimina el Monotributo Social Agropecuario (MSA).
Este beneficio fue creado en 2009 y constituía una política del Estado nacional que apuntaba a fomentar la actividad de la agricultura familiar y formalizaba la venta de productos y servicios permitiendo a los pequeños productores poder facturar sus productos, contar con aportes jubilatorios y cobertura de salud para el titular y su familia sin tener que realizar ningún aporte adicional. De manera tal que su actividad contaba con un marco regulatorio y se formalizaba al sector más relegado del campo.
La iniciativa se origina en los reclamos que acercaron los damnificados de las zonas rurales de San Rafael a la concejal Galamba: "Los productores de distritos están muy alarmados ya que su actividad no es continua por lo tanto pierden la posibilidad de realizar ventas con factura cuando se les presenta la posibilidad de comercializar sus productos ".
Según se fundamenta en la Declaración, con el MSA el Estado cubría el 100% de los aportes jubilatorios, la obra social para el titular y su familia y a partir de la Resolución 34/2018 del Ministerio de Agroindustria cada productor deberá afrontar de su bolsillo un costo de 268 pesos por persona para contar con la obra social, lo que elevaría el costo a una familia tipo a $1072 para acceder al beneficio.
Otro aspecto que motivó la solicitud del Concejo Deliberante es que el plazo de reempadronamiento vence el 10 de agosto, se dio muy poco tiempo para informar a los monotributistas y además la información es inespecífica, al respecto la Concejal sostiene que: “La medida se ha tomado sin especificar qué sucederá con quienes no logren empadronarse, no hay suficiente acceso a la información ni tiempo suficiente para informarse sobre una decisión que afectará gravemente a la economía familiar ya que el plazo de actualización de datos comenzó cuando se publicó la resolución en el Boletín Oficial el 3 de julio y vence el viernes 10 de agosto por lo tanto es necesario extender el plazo del mismo, ya que muchos de los beneficiarios del programa son puesteros y productores que viven en zonas alejadas de la oficina donde deben realizar el trámite”.
Esta situación se agrava por el despido de trabajadores de las Secretarías de Agricultura Familiar: "En nuestro departamento esta situación es muy grave porque son alrededor de 1000 los beneficiarios directos del MSA más su grupo familiar que perderían este estímulo a la producción, estamos hablando de crianceros, pequeños productores apícolas, productores caprinos, entre otros que en este momento se encuentran en una situación de total incertidumbre, además despidieron a 3 de los 5 empleados que deberían estar visitando e informando a los beneficiarios”, manifestó Galamba.
Finalmente, la edil advierte las consecuencias de esta medida: "Aún aquellos productores que han recibido la información se ven obligados a renunciar al Monotributo ante la imposibilidad de afrontar los pagos, quedando así nuevamente excluidos de la economía formal."
