Los funcionarios municipales no estaban hasta ahora obligados a presentar su patrimonios, tuvo que sancionarse la Ley de Ética Pública para que finalmente se los obligue a hacerlo. Hasta la fecha, de una forma u otra, con una u otra excusa política, se ha venido incumpliendo desde hace 21 años con la Constitución Nacional que en su reforma de 1994 consagró el derecho ciudadano al acceso a la información pública, normativa que nunca se reglamentó hasta ahora en Mendoza.
Fue el mismo gobernador Francisco Pérez el que inició en parte una normativa, firmó el decreto 1.789 en 2015 para obligar únicamente a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a transparentar su patrimonio, tanto al entrar al gobierno como cuando el mandato termina. La medida estaba dirigida únicamente a todos los funcionarios políticos del Ejecutivo que manejaban fondos mendocinos, además de las esposas de los mismos y los hijos.
Si bien el mismo decreto no obligaba a los intendentes ni a sus funcionarios municipales a presentar sus declaraciones juradas, los “invitaba” a adherir. Según la información de Fiscalía de Estado de la provincia, como era de esperar, un total de 14 funcionarios de los 18 que están al frente de las comunas de Mendoza, hicieron caso omiso y no se adhirieron sus municipios a la normativa.
Los argumentos fueron poco claros y algunos hasta señalaron que se trataba por un tema de “seguridad”, como había respondido Marcelino Iglesias al frente de Guaymallén. Llamativo argumento por parte de un intendente que llegaba a un municipio sumamente golpeado por sospechas de corrupción. Lo mismo sucedió con la intendenta Norma Trigo en Santa Rosa, luego de las innumerables causas por indicios de corrupción que surgieron alrededor de Sergio Salgado, quien terminó condenado justamente por el desmanejo de las cuentas públicas del municipio.
Situación similar ocurrió en Luján de Cuyo, Omar de Marchi tampoco accedió a mostrar su declaración de bienes, y se encargó de denunciar numerosos hechos de fraude a la administración pública cometidos por el ex intendente Carlos López Puelles, además de sociedades millonarias que tendría en su poder, entre otras cosas.
El decreto del gobierno de Pérez como la actual Ley de Ética Pública, destacan entre sus fundamentos el registro de las declaraciones juradas en favor de “la transparencia de la función pública y contra los actos de corrupción”. Sin embargo, el 80% de los intendentes no adhirió a esta causa durante los últimos años.
Con un proyecto de ordenanza, los intendentes podían adherir al decreto provincial para que a nivel departamental se obligue a presentar esta declaración jurada tanto al intendente, como a los secretarios, subsecretarios, al contador general y al tesorero de la municipalidad, además de los concejales.
Hasta hoy, únicamente cuatro jefes comunales aparecen en el apartado de declaraciones juradas de funcionarios públicos que le destinaba la página web de Fiscalía de Estado. Sólo la Municipalidad de Las Heras adhirió institucionalmente, con su intendente, Daniel Orozco, a la cabeza. Del resto, solo se observa las declaraciones con escasos datos del radical Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, del justicialista Emir Félix, de San Rafael, y del ahora ex intendente de La Paz, el radical Gustavo Pinto.
La declaración jurada de bienes no es una tarea que entusiasme a los jefes comunales mendocinos. Es que cuando salió el decreto, la mayoría señaló “cumplir con la ley”, sobre todo con las declaraciones obligatorias ante la Afip. El intendente Jorge Difonso (Frente Renovador), de San Carlos, es uno de los que manifestó su poco gusto por la idea de las DDJJ. “A lo que han adherido estos funcionarios tiene bastante de hipocresía”, dijo, sobre todo por los “irrisorios” valores que observó en algunos casos. Por su parte, Martín Aveiro (PJ), de Tunuyán había señalado tiempo atrás: ”En pueblos chicos, nos conocemos todos. No hace falta una declaración jurada”.
El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias (UCR), había expresado al respecto: “No soy partidario de adherir a nada”, y se mostró opuesto a “andar exponiendo bienes”, algo que consideró “hasta por seguridad”.
Es sabido que la transparencia que se anuncia principalmente en los actos de campaña, pocas veces se pone en práctica durante la gobernabilidad. La predisposición de los referentes de cada municipio durante estos años como gesto de ética ciudadana, quedó muy lejos de esta medida bajo diferentes “argumentos”.
Así es que se puede tomar apenas como ejemplo el poco patrimonio conocido de uno de ellos que rechazó la iniciativa: Marcelino Iglesias. Un funcionario de quien hasta ahora no se conocen exactamente más que una treintena de inmuebles, desde loteos hasta una mansión donde actualmente reside.
Un sistema de valuación a rever: contradicciones y cifras insólitas en las declaraciones juradas
Muchas de las declaraciones juradas que están actualmente registradas dejan más dudas que certezas. Muestran contradicciones, inconsistencias y omisiones. En muchos casos los bienes están a nombre de sus esposas, empezando por el propio gobernador Alfredo Cornejo.
También se pueden observar a funcionarios que continúan apelando a diversos artilugios con el avalúo fiscal para pagar menos impuestos: así es que los montos declarados de las propiedades están muy por debajo de los valores de los vehículos que adquirieron.
Si uno analiza la declaración jurada del mismo gobernador Alfredo Cornejo, el mandatario casi no declara bienes a su nombre, según costa en su declaración jurada de bienes presentada en 2017 por él y publicada por Fiscalía de Estado. Declara como propio un lote tasado fiscalmente en $119.756 (ubicado Maipú). El resto de los bienes, figuran de manera pública a nombre de su esposa, Lucía Panocchia, incluso la casa donde Cornejo vive, en calle Hungría de Godoy Cruz. Que Cornejo no tenga a su nombre el inmueble donde vive tiene que ver, según explicaron, a decisiones familiares.
La casa donde vive el Gobernador está declarada en solo $289.844. El terreno que sí está a nombre del mandatario tiene un valor declarado de $179.634 Así, se genera un caso que solo puede entenderse bajo el contexto local: según la declaración jurada del Gobernador, un auto vale casi lo mismo que dos inmuebles. Es que la casa y el terreno que tiene la familia están tasados a valor fiscal en $468.000 y el auto de Cornejo en valor de mercado a $258.000. Si se le suma el Fiat Strada de Lautaro Cornejo, los valores en “vehículos” trepan a $458.000.
Fue el mismo gobernador Francisco Pérez el que inició en parte una normativa, firmó el decreto 1.789 en 2015 para obligar únicamente a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a transparentar su patrimonio, tanto al entrar al gobierno como cuando el mandato termina. La medida estaba dirigida únicamente a todos los funcionarios políticos del Ejecutivo que manejaban fondos mendocinos, además de las esposas de los mismos y los hijos.
Si bien el mismo decreto no obligaba a los intendentes ni a sus funcionarios municipales a presentar sus declaraciones juradas, los “invitaba” a adherir. Según la información de Fiscalía de Estado de la provincia, como era de esperar, un total de 14 funcionarios de los 18 que están al frente de las comunas de Mendoza, hicieron caso omiso y no se adhirieron sus municipios a la normativa.
Los argumentos fueron poco claros y algunos hasta señalaron que se trataba por un tema de “seguridad”, como había respondido Marcelino Iglesias al frente de Guaymallén. Llamativo argumento por parte de un intendente que llegaba a un municipio sumamente golpeado por sospechas de corrupción. Lo mismo sucedió con la intendenta Norma Trigo en Santa Rosa, luego de las innumerables causas por indicios de corrupción que surgieron alrededor de Sergio Salgado, quien terminó condenado justamente por el desmanejo de las cuentas públicas del municipio.
Situación similar ocurrió en Luján de Cuyo, Omar de Marchi tampoco accedió a mostrar su declaración de bienes, y se encargó de denunciar numerosos hechos de fraude a la administración pública cometidos por el ex intendente Carlos López Puelles, además de sociedades millonarias que tendría en su poder, entre otras cosas.
El decreto del gobierno de Pérez como la actual Ley de Ética Pública, destacan entre sus fundamentos el registro de las declaraciones juradas en favor de “la transparencia de la función pública y contra los actos de corrupción”. Sin embargo, el 80% de los intendentes no adhirió a esta causa durante los últimos años.
Con un proyecto de ordenanza, los intendentes podían adherir al decreto provincial para que a nivel departamental se obligue a presentar esta declaración jurada tanto al intendente, como a los secretarios, subsecretarios, al contador general y al tesorero de la municipalidad, además de los concejales.
Hasta hoy, únicamente cuatro jefes comunales aparecen en el apartado de declaraciones juradas de funcionarios públicos que le destinaba la página web de Fiscalía de Estado. Sólo la Municipalidad de Las Heras adhirió institucionalmente, con su intendente, Daniel Orozco, a la cabeza. Del resto, solo se observa las declaraciones con escasos datos del radical Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, del justicialista Emir Félix, de San Rafael, y del ahora ex intendente de La Paz, el radical Gustavo Pinto.
La declaración jurada de bienes no es una tarea que entusiasme a los jefes comunales mendocinos. Es que cuando salió el decreto, la mayoría señaló “cumplir con la ley”, sobre todo con las declaraciones obligatorias ante la Afip. El intendente Jorge Difonso (Frente Renovador), de San Carlos, es uno de los que manifestó su poco gusto por la idea de las DDJJ. “A lo que han adherido estos funcionarios tiene bastante de hipocresía”, dijo, sobre todo por los “irrisorios” valores que observó en algunos casos. Por su parte, Martín Aveiro (PJ), de Tunuyán había señalado tiempo atrás: ”En pueblos chicos, nos conocemos todos. No hace falta una declaración jurada”.
El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias (UCR), había expresado al respecto: “No soy partidario de adherir a nada”, y se mostró opuesto a “andar exponiendo bienes”, algo que consideró “hasta por seguridad”.
Es sabido que la transparencia que se anuncia principalmente en los actos de campaña, pocas veces se pone en práctica durante la gobernabilidad. La predisposición de los referentes de cada municipio durante estos años como gesto de ética ciudadana, quedó muy lejos de esta medida bajo diferentes “argumentos”.
Así es que se puede tomar apenas como ejemplo el poco patrimonio conocido de uno de ellos que rechazó la iniciativa: Marcelino Iglesias. Un funcionario de quien hasta ahora no se conocen exactamente más que una treintena de inmuebles, desde loteos hasta una mansión donde actualmente reside.
Un sistema de valuación a rever: contradicciones y cifras insólitas en las declaraciones juradas
Muchas de las declaraciones juradas que están actualmente registradas dejan más dudas que certezas. Muestran contradicciones, inconsistencias y omisiones. En muchos casos los bienes están a nombre de sus esposas, empezando por el propio gobernador Alfredo Cornejo.
También se pueden observar a funcionarios que continúan apelando a diversos artilugios con el avalúo fiscal para pagar menos impuestos: así es que los montos declarados de las propiedades están muy por debajo de los valores de los vehículos que adquirieron.
Si uno analiza la declaración jurada del mismo gobernador Alfredo Cornejo, el mandatario casi no declara bienes a su nombre, según costa en su declaración jurada de bienes presentada en 2017 por él y publicada por Fiscalía de Estado. Declara como propio un lote tasado fiscalmente en $119.756 (ubicado Maipú). El resto de los bienes, figuran de manera pública a nombre de su esposa, Lucía Panocchia, incluso la casa donde Cornejo vive, en calle Hungría de Godoy Cruz. Que Cornejo no tenga a su nombre el inmueble donde vive tiene que ver, según explicaron, a decisiones familiares.
La casa donde vive el Gobernador está declarada en solo $289.844. El terreno que sí está a nombre del mandatario tiene un valor declarado de $179.634 Así, se genera un caso que solo puede entenderse bajo el contexto local: según la declaración jurada del Gobernador, un auto vale casi lo mismo que dos inmuebles. Es que la casa y el terreno que tiene la familia están tasados a valor fiscal en $468.000 y el auto de Cornejo en valor de mercado a $258.000. Si se le suma el Fiat Strada de Lautaro Cornejo, los valores en “vehículos” trepan a $458.000.
Fuente: Diario La Provincia
