La concejal Natalia Galamba presentó un proyecto para solicitar a la Delegación local de EDEMSA que informe al Concejo Deliberante la cantidad de cortes del servicio de electricidad que se han realizado en 2018 motivados por la falta de pago por parte de los usuarios del departamento de San Rafael. También le pide a la entidad que informe las zonas en donde se están produciendo los mismos.
La iniciativa se origina en los reclamos que realizan los damnificados en el Concejo Deliberante, al respecto la Concejal manifiesta: "Cotidianamente recibimos en el concejo muchos reclamos de personas a quienes les han cortado la luz por no poder pagar la boleta, esto es grave porque el corte de los servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua es una violación al derecho humano a la vida digna ya que son servicios públicos esenciales para la subsistencia de los ciudadanos".
El proyecto se fundamenta en el texto de la Constitución Nacional que en su artículo 42, dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos (...) Además determina que la legislación establecerá los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional.
Galamba sostiene que desde hace dos años se viene denunciando que el valor de la tarifa debe adecuarse a los ingresos de los usuarios y que el criterio de aumento debe fijarse en función de los acuerdos paritarios: "Desde el comienzo del tarifazo venimos solicitando, a través de las Audiencias Públicas de la energía eléctrica como a través de iniciativas legislativas, que los umbrales de consumo deben reevaluarse ya que son precisamente en las zonas más frías como los distritos donde viven los usuarios más vulnerables y en donde se consume mayor electricidad por falta de acceso al gas natural".
Para la edil existe un desfasaje entre los índices de inflación, los aumentos salariales fijados para este año, el aumento de las tarifas en los servicios y en el combustible que sumergen a los sectores más vulnerables en la pobreza energética. Al respecto afirma: "En este contexto de crisis económica (devaluación mediante), de políticas de ajuste, de aumento descontrolado de las tarifas, de cierre de Pymes y comercios (que genera desempleo) y de pérdida de poder adquisitivo están empujando a las personas al cese del pago del servicio eléctrico por incapacidad para afrontar boletas costosísimas, por esto es importante conocer la cantidad de cortes que se están desarrollando en nuestro departamento como así también los sectores más castigados, para que el Estado pueda intervenir y buscar una solución para el problema".
El proyecto se fundamenta en el texto de la Constitución Nacional que en su artículo 42, dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos (...) Además determina que la legislación establecerá los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional.
Galamba sostiene que desde hace dos años se viene denunciando que el valor de la tarifa debe adecuarse a los ingresos de los usuarios y que el criterio de aumento debe fijarse en función de los acuerdos paritarios: "Desde el comienzo del tarifazo venimos solicitando, a través de las Audiencias Públicas de la energía eléctrica como a través de iniciativas legislativas, que los umbrales de consumo deben reevaluarse ya que son precisamente en las zonas más frías como los distritos donde viven los usuarios más vulnerables y en donde se consume mayor electricidad por falta de acceso al gas natural".
Para la edil existe un desfasaje entre los índices de inflación, los aumentos salariales fijados para este año, el aumento de las tarifas en los servicios y en el combustible que sumergen a los sectores más vulnerables en la pobreza energética. Al respecto afirma: "En este contexto de crisis económica (devaluación mediante), de políticas de ajuste, de aumento descontrolado de las tarifas, de cierre de Pymes y comercios (que genera desempleo) y de pérdida de poder adquisitivo están empujando a las personas al cese del pago del servicio eléctrico por incapacidad para afrontar boletas costosísimas, por esto es importante conocer la cantidad de cortes que se están desarrollando en nuestro departamento como así también los sectores más castigados, para que el Estado pueda intervenir y buscar una solución para el problema".
