La Cámara de Diputados, con el voto de la UCR - Cambiemos, y el inesperado apoyo de los legisladores del Partido Intransigente - Protectora, dio media sanción al proyecto de Ley que obliga a los productores a pagar un canon de 1.500 pesos por hectárea, para el combate de la polilla de la vid.
Se trata de una contribución obligatoria anual para financiar la campaña sanitaria contra la lobesia botrana, ya que los gobiernos nacional y provincial, sólo aportarán una parte del dinero necesario para hacer los tratamientos.
Los diferentes bloques del justicialismo votaron en contra de este proyecto de Ley, al considerar que el financiamiento de la campaña debe ser realizada con fondos del Gobierno Nacional. Según la Ley 27.227 de diciembre de 2015, el Ejecutivo Nacional debe asignar los fondos necesarios para combatir la lobesia, a través de el SENASA.
“Nuestro bloque propuso distintas soluciones ante la negativa de la Nación a hacer el aporte que le corresponde por Ley, entre ellas, un aporte adicional de la provincia, que luego recuperará mediante el reclamo administrativo o, eventualmente judicial”, explicó el diputado sanrafaelino Javier Cófano.
La difícil situación que atraviesan los viñateros en el sur provincial, les hace imposible afrontar este nuevo costo impositivo.
Cófano insistió en la necesidad de que la Nación se ponga al hombro el combate de la plaga. “Resulta inútil que los productores locales aporten a la campaña y que Mendoza se adapte al plan sanitario, si la Nación no cumple con el combate de la plaga en todo el territorio nacional”, expresó.
Otra cuestión que preocupa a los productores sureños es que, a pesar de que la plaga tiene muy poca influencia en San Rafael y Alvear, los viñateros deberán pagar lo mismo que los agricultores del Este y del Norte, donde la lobesia ha generado mucho más daño en los cultivos.
“Los productores del sur pagan más caro el seguro agrícola por ser una zona de alto riesgo y deben destinar una parte de la producción a mosto por los excedentes que no producen. Ahora los obligan a pagar una campaña contra una plaga que no generaron. Lo que preocupa es el permanente retroceso de nuestra región en la consideración de las decisiones provinciales y nacionales”, concluyó diciendo Javier Cófano.
Se trata de una contribución obligatoria anual para financiar la campaña sanitaria contra la lobesia botrana, ya que los gobiernos nacional y provincial, sólo aportarán una parte del dinero necesario para hacer los tratamientos.
Los diferentes bloques del justicialismo votaron en contra de este proyecto de Ley, al considerar que el financiamiento de la campaña debe ser realizada con fondos del Gobierno Nacional. Según la Ley 27.227 de diciembre de 2015, el Ejecutivo Nacional debe asignar los fondos necesarios para combatir la lobesia, a través de el SENASA.
“Nuestro bloque propuso distintas soluciones ante la negativa de la Nación a hacer el aporte que le corresponde por Ley, entre ellas, un aporte adicional de la provincia, que luego recuperará mediante el reclamo administrativo o, eventualmente judicial”, explicó el diputado sanrafaelino Javier Cófano.
La difícil situación que atraviesan los viñateros en el sur provincial, les hace imposible afrontar este nuevo costo impositivo.
Cófano insistió en la necesidad de que la Nación se ponga al hombro el combate de la plaga. “Resulta inútil que los productores locales aporten a la campaña y que Mendoza se adapte al plan sanitario, si la Nación no cumple con el combate de la plaga en todo el territorio nacional”, expresó.
Otra cuestión que preocupa a los productores sureños es que, a pesar de que la plaga tiene muy poca influencia en San Rafael y Alvear, los viñateros deberán pagar lo mismo que los agricultores del Este y del Norte, donde la lobesia ha generado mucho más daño en los cultivos.
“Los productores del sur pagan más caro el seguro agrícola por ser una zona de alto riesgo y deben destinar una parte de la producción a mosto por los excedentes que no producen. Ahora los obligan a pagar una campaña contra una plaga que no generaron. Lo que preocupa es el permanente retroceso de nuestra región en la consideración de las decisiones provinciales y nacionales”, concluyó diciendo Javier Cófano.
