Por estos días la sociedad mendocina está inmersa en la discusión de fracking si - fracking no, tal vez influenciada por noticias que se dispersan rápidamente sin el contenido técnico necesario y llevando esta discusión a niveles de agresividad que no corresponde a una sociedad como la nuestra.
Es necesario conocer un poco el origen de todo esto. El decreto 929/2013, estableció el régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, y en octubre de 2014 fue promulgada la Ley 27.007 que reforma la ley vigente de Hidrocarburos, donde se establece un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking), pero no se incorpora ningún tipo de normativa que incluya y regule el impacto ambiental de la actividad.
Ante esta situación, el Gobernador Alfredo Cornejo dispuso la elaboración de un decreto que reglamentara la actividad mediante un protocolo de funcionamiento que le otorgara una regulación ambiental a una actividad que se ejerce sin ningún tipo de control desde su aprobación.
Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua, una situación que no se contempló en ninguna de las piezas legales aprobadas en la gestión del anterior gobierno nacional.
Este decreto no se redactó de manera oculta. Pese a que no era obligatorio, bajo orden expresa del gobernador, se convocó a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invocara un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, a participar en la Audiencia Pública donde se puso a consideración el proyecto de "reglamentación de la evaluación de impacto ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales". Allí se convocaron más de 300 personas y hubo 67 oradores.
Este gobierno cree firmemente que el desarrollo sustentable como nuevo paradigma ambiental determina la necesidad de promover el equilibrio de los tres estamentos que lo conforman: económico, ecológico y político - social; a fin de mantener los procesos ecológicos básicos; la diversidad biológica; satisfacer las necesidades básicas y mínimas de la población; reducir el uso de recursos no renovables; mejorar la calidad de vida y las prestaciones de bienes y servicios; reducir los desequilibrios regionales, entre otros.
Todo lo anterior se plasmó en el Decreto 248/18, publicado en el Boletín Oficial el 09 de marzo último pasado. Se trata de un compendio de requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas en explotar las formaciones no convencionales y poder proyectar objetivos a largo plazo.
El mismo determina que el organismo de control de la explotación en formaciones no convencionales no sólo la llevará adelante el Departamento de Protección Ambiental (DPA) que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, sino que también serán monitoreados por el Departamento General de Irrigación. Esto es por los cuidados que conlleva el uso de agua para el procedimiento. En ningún caso, se autorizará uso de agua subterránea que sea utilizado para consumo humano.
Por todo lo hasta ahora expuesto, el Frente Cambia Mendoza de San Rafael considera que están dadas las condiciones legales para el adecuado desarrollo de la actividad de fractura hidráulica en el territorio de la provincia de Mendoza. Convencidos como lo está el Gobernador Alfredo Cornejo que esta actividad contribuirá al desarrollo económico de la provincia, y que el Decreto 248 establece las directrices precisas para preservar las condiciones ambientales del lugar donde se lleven a cabo las actividades de extracción por este método y para el cuidado del agua, elemento fundamental para la vida en nuestra querida Provincia de Mendoza.
Firmas:
· Juan Pablo Eraso (Presidente UCR San Rafael)
· Arturo Morosutmi (Presidente PRO San Rafael)
· Vicente Emilio Russo (Presidente Partido Fe San Rafael)
· Adrián Reche (Senador Provincial)
· Armando Camerucci (Senador Provincial)
· Lucas Quesada (Senador Provincial)
· Miguel Bondino (Senador Provincial)
· María José Sanz (Diputada Provincial)
· Hebe Casado (Diputada Provincial)
· Gustavo Ruiz (Diputado Provincial)
· Edgar Rodriguez (Diputado Provincial)
· Gisela Caballero (Concejal San Rafael)
· Cynthia Maggioni (Concejal San Rafael)
· Martin Serrano (Concejal San Rafael)
· Daniel Herrera (Concejal San Rafael)
· Francisco Mondotte (Concejal San Rafael)
· Mauro Bignert (Concejal San Rafael)
· Francisco Giandinotto (Presidente Juventud UCR)
· Leonardo Yapur (Director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial)
· Martin Rostand (Director LV4)
· Romina Giraudo (Delegada DyNAF Zona Sur)
· Abel Freidemberg (Director Región Sur Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes)
· Silvio Dume (Delagado ANSES)
· Orlando Alossi (Delegado Ministerio Desarrollo Social)
· Sergio Dume (Delegado Osep)
· Ainoha Maiztegui (Coordinadora OAL San Rafael)
· Federico Zamarbide (Diputado Nacional
· Gisela Valdez (Directora Centro Congresos y Exposiciones)
· Hebe Casado (Diputada Provincial)
· Juan Pablo Vignone (Delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación)
· Lopez Cecilia (Delegada en San Rafael de la Dirección del Adulto Mayor)
· Marcelo Cunquiero (Delegado DGE Zona Sur)
· Sergio Morbidelli (Subdirector de Fideicomiso FTyC)
· Sergio Velez (Jefe Zona Sur Migraciones)
Estamos convencidos que se debe dar un debate serio y donde se escuchen y sean respetadas todas las voces, gobierno, oposición, entidades ambientales, cámaras empresariales, universidades, etc. Muchas de estas no se han expresado hasta el momento.
Es necesario conocer un poco el origen de todo esto. El decreto 929/2013, estableció el régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, y en octubre de 2014 fue promulgada la Ley 27.007 que reforma la ley vigente de Hidrocarburos, donde se establece un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking), pero no se incorpora ningún tipo de normativa que incluya y regule el impacto ambiental de la actividad.
Ante esta situación, el Gobernador Alfredo Cornejo dispuso la elaboración de un decreto que reglamentara la actividad mediante un protocolo de funcionamiento que le otorgara una regulación ambiental a una actividad que se ejerce sin ningún tipo de control desde su aprobación.
Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua, una situación que no se contempló en ninguna de las piezas legales aprobadas en la gestión del anterior gobierno nacional.
Este decreto no se redactó de manera oculta. Pese a que no era obligatorio, bajo orden expresa del gobernador, se convocó a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que invocara un interés razonable, individual o de incidencia colectiva, a participar en la Audiencia Pública donde se puso a consideración el proyecto de "reglamentación de la evaluación de impacto ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales". Allí se convocaron más de 300 personas y hubo 67 oradores.
Este gobierno cree firmemente que el desarrollo sustentable como nuevo paradigma ambiental determina la necesidad de promover el equilibrio de los tres estamentos que lo conforman: económico, ecológico y político - social; a fin de mantener los procesos ecológicos básicos; la diversidad biológica; satisfacer las necesidades básicas y mínimas de la población; reducir el uso de recursos no renovables; mejorar la calidad de vida y las prestaciones de bienes y servicios; reducir los desequilibrios regionales, entre otros.
Todo lo anterior se plasmó en el Decreto 248/18, publicado en el Boletín Oficial el 09 de marzo último pasado. Se trata de un compendio de requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas en explotar las formaciones no convencionales y poder proyectar objetivos a largo plazo.
El mismo determina que el organismo de control de la explotación en formaciones no convencionales no sólo la llevará adelante el Departamento de Protección Ambiental (DPA) que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, sino que también serán monitoreados por el Departamento General de Irrigación. Esto es por los cuidados que conlleva el uso de agua para el procedimiento. En ningún caso, se autorizará uso de agua subterránea que sea utilizado para consumo humano.
Por todo lo hasta ahora expuesto, el Frente Cambia Mendoza de San Rafael considera que están dadas las condiciones legales para el adecuado desarrollo de la actividad de fractura hidráulica en el territorio de la provincia de Mendoza. Convencidos como lo está el Gobernador Alfredo Cornejo que esta actividad contribuirá al desarrollo económico de la provincia, y que el Decreto 248 establece las directrices precisas para preservar las condiciones ambientales del lugar donde se lleven a cabo las actividades de extracción por este método y para el cuidado del agua, elemento fundamental para la vida en nuestra querida Provincia de Mendoza.
Firmas:
· Juan Pablo Eraso (Presidente UCR San Rafael)
· Arturo Morosutmi (Presidente PRO San Rafael)
· Vicente Emilio Russo (Presidente Partido Fe San Rafael)
· Adrián Reche (Senador Provincial)
· Armando Camerucci (Senador Provincial)
· Lucas Quesada (Senador Provincial)
· Miguel Bondino (Senador Provincial)
· María José Sanz (Diputada Provincial)
· Hebe Casado (Diputada Provincial)
· Gustavo Ruiz (Diputado Provincial)
· Edgar Rodriguez (Diputado Provincial)
· Gisela Caballero (Concejal San Rafael)
· Cynthia Maggioni (Concejal San Rafael)
· Martin Serrano (Concejal San Rafael)
· Daniel Herrera (Concejal San Rafael)
· Francisco Mondotte (Concejal San Rafael)
· Mauro Bignert (Concejal San Rafael)
· Francisco Giandinotto (Presidente Juventud UCR)
· Leonardo Yapur (Director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial)
· Martin Rostand (Director LV4)
· Romina Giraudo (Delegada DyNAF Zona Sur)
· Abel Freidemberg (Director Región Sur Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes)
· Silvio Dume (Delagado ANSES)
· Orlando Alossi (Delegado Ministerio Desarrollo Social)
· Sergio Dume (Delegado Osep)
· Ainoha Maiztegui (Coordinadora OAL San Rafael)
· Federico Zamarbide (Diputado Nacional
· Gisela Valdez (Directora Centro Congresos y Exposiciones)
· Hebe Casado (Diputada Provincial)
· Juan Pablo Vignone (Delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación)
· Lopez Cecilia (Delegada en San Rafael de la Dirección del Adulto Mayor)
· Marcelo Cunquiero (Delegado DGE Zona Sur)
· Sergio Morbidelli (Subdirector de Fideicomiso FTyC)
· Sergio Velez (Jefe Zona Sur Migraciones)
